El Casco Viejo de Vitoria alerta de la «presión turística» que traerá su nuevo plan de rehabilitación

También alertan de que ese texto que ya cuenta desde marzo con el visto bueno inicial -precisarán del respaldo de algún grupo de la oposición para su entrada en vigor; EH Bildu ya se ha pronunciado y el PP lo hará hoy- permitirá «que se intensifique la actual proliferación de alojamientos hoteleros (hasta 40 nuevos), sin ningún criterio que tenga en cuenta la afección sobre el vecindario». Asimismo, desgranan distintas demandas en cuanto a los caños o el «ruido», sobre todo nocturno, que soporta esta zona de la ciudad, para el que «no se establece ningún tipo de regulación».

Sí entienden que el PERI «es el instrumento» base para elevar sus condiciones vitales, pero se muestran críticos con el Gobierno local porque, según se reconoce en el propio PERI, «el Casco Viejo sigue siendo uno de los barrios física y socieconómicamente más vulnerables».

Es decir, «tras cuatro décadas desde el comienzo del proceso de rehabilitación (en 1988), los objetivos que se plantearon están muy lejos de cumplirse». Por lo que piden «establecer metas concretas con una calendarización para poder comprobar la efectividad» de la norma, que podría empezar a funcionar en 2026.

La memoria informativa del PERI calcula que el 25% de los 819 edificios de la 'almendra' medieval (uno de cada cuatro) aún presenta serias «deficiencias» que requieren una pronta intervención y se destaca que «el reto de edificación no renovada está asociado a arquitectura residencial particular». Sin embargo, la renta media por hogar es aquí «la más baja de la ciudad», con 24.457 euros.

Ante la escasa capacidad económica de los residentes, el Plan recoge la concesión de ayudas a la rehabilitación de hogares. Pero sus vecinos creen que ha quedado de sobra demostrado que esta herramienta «no es útil en comunidades con pocos propietarios y escasos recursos». Así, solicitan al Ayuntamiento que intervenga en muchos de esos casos «en riesgo de ruina» y, de forma previa, reconozca en ese texto «la necesidad de participación pública».

A lo que añade, además, que las instituciones públicas (Ayuntamiento, Gobierno vasco y Ensanche 21) tienen en propiedad en este barrio 203 inmuebles, la mayoría vacíos, sobre los que, a su juicio, debería «establecerse un mínimo para destinarse a vivienda social» con el fin de aumentar la oferta residencial, escasa en el conjunto de la ciudad.

Otro de los puntos a los que los vecinos dedican más explicaciones es al de los alojamientos turísticos. Ahora el uso hotelero está permitido en todo el Casco, lo que ha potenciado que este tipo de actividad comercial «se multiplique», con seis licencias para cambio de uso residencial a hotelero desde 2006. Pero, en aras de que esa «regulación laxa» no suponga un problema en el futuro, la propuesta del Gabinete de Maider Etxebarria pasa por limitar a un hotel por manzana.

Sus residentes lo ven insuficiente. Más aún porque han hecho cálculos y con la normativa que se propone respecto a las viviendas turísticas -se permite instalarlas en la primera planta habitable por edificio-, se podría dar la situación de que «uno de cada tres pisos» se dedique a este uso.

En este sentido, critican que el texto «no aborda las consecuencias» de ese escenario y, en cualquier caso, aseguran que «aumentará la presión turística», lo que tendrá efectos negativos para el comercio y sus residentes. Justifican sus razonamientos con estudios académicos, comparativas con otras ciudades como Logroño o Valladolid y, arguyen, en definitiva, que este tipo de alquileres de corta duración contraviene la finalidad del PERI. Por lo que piden antes de su aprobación definitiva un «estudio riguroso» sobre el impacto de estos establecimientos turísticos.

Los vecinos también echan en falta más «profundidad y determinación» en cuanto a la regulación del ruido. Instan al Ayuntamiento a un «mayor control» en este sentido, ya que pese a que existe desde 2010 una ordenanza específica de ruidos, ésta «sigue siendo incumplida y apenas se han realizado actuaciones que obliguen a su cumplimiento». Como novedad, no sólo hablan del ocio nocturno. También mencionan que «no hay ninguna referencia o medidas correctoras sobre la contaminación acústica producida por el tañido de las campanas, que están al lado de las viviendas, pueden tener un efecto insoportable y perjudicar al descanso».

En cuanto a los caños medievales, el Ayuntamiento plantea eliminar construcciones fuera de ordenación en once de ellos para mejorar la seguridad. Estas intervenciones «son programadas para su gestión mediante actuaciones públicas» en un plazo máximo de cuatro años. Es «excesivo», según la asociación, y pide reducirlo a dos. Cabe recordar que una de estas estructuras desencadenó las filtraciones que provocaron que se hundiera el techo del bar Botanic hace más de un año.