«Las cárceles vascas están hasta las cartolas de internos», asegura la jueza Ruth Alonso

Alonso correspondió a las expectativas generadas. Ironizó sobre el nuevo sistema de gestión impuesto por el Gobierno vasco –que se ha traducido en un embudo para las peticiones de los abogados– y dejó varias frases lapidarias sobre la situación real de las tres cárceles vascas. Éstas son Zaballa (Álava), Basauri (Bizkaia) y Martutene –a la espera de Zubieta cuyo estreno aún es un misterio–, en Gipuzkoa.

«Estamos hasta las cartolas de internos», espetó con naturalidad ante un público compuesto por cerca de medio millar de letrados. Alonso habló con conocimiento de causa. 1.779 personas están privadas de libertad en la actualidad acusadas o condenadas por haber cometido algún delito, según el último informe mensual del Departamento de Justicia del Gobierno vasco.

Se trata de un panorama muy alejado de la intención inicial anunciada por el Gobierno vasco cuando asumió la competencia penitenciaria el 1 de octubre de 2021. Ese día abogó por la reinserción a través de programas y de rebajas de grado. El Gobierno central le entregó entonces unas instalaciones con 1.387 internos. En estos tres años y medio, la población reclusa en el País Vasco se ha incrementado en un 28%. De ellos, 125 pertenecen a la derrotada ETA, aunque sólo 41 permanecen las 24 horas entre rejas ya que el resto disfruta del tercer grado o de la libertad condicional.

En cuanto al número total de convictos, Zaballa cuenta con 930, un 19,5% más que en octubre de 2021. Por su parte, Basauri controla 480 internos, lo que supone un alza del 47%. Y Martutene ha pasado de 283 presos a 369, un 30%. En este contexto, y buena conocedora de la coyuntura delictiva actual, Alonso vaticinó que estas cifras engordarán a corto o medio plazo. «El próximo año habrá 300 ó 400 (internos) más», barruntó.

También se refirió a la próxima instauración de un módulo de primer grado (para los delincuentes con peor comportamiento) en Zaballa, el centro penitenciario más grande de la comunidad autónoma. Aún no ha entrado en funcionamiento. Y cuando lo haga, «nos vendrán todos los malos que tenemos fuera», compartió en tono coloquial.

Tras pedir colaboración a los abogados para que no dupliquen recursos –y congestionen todavía más su juzgado–, contó con pasmosa franqueza que «el Gobierno vasco está superado, no tiene personal». En el terreno penitencario, en marzo, 86 funcionarios se marcharon a cárceles de otras partes de España. Su ausencia se parchea con interinos sin experiencia. Además, Justicia lleva gastados «más de dos millones de euros» en horas extras por la falta de personal.