La candidatura alternativa a la Cámara de Álava sopesa impugnar las elecciones

La batalla por el control de la Cámara de Comercio e Industria de Álava puede saltar también al plano judicial. La organización empresarial celebra mañana sus elecciones, las primeras desde 2010 -en 2014 no hubo en ninguna cámara en España y se prorrogaron todos los mandatos-, para renovar la mitad del pleno que luego elegirá al presidente, cargo que ahora ostenta Gregorio Rojo. Y la candidatura alternativa que lidera el constructor José Miguel Aguirre, vinculado al PNV, sopesa impugnar esos comicios con el argumento de que el escenario actual genera «inseguridad jurídica». De hecho, y según ha podido saber EL CORREO, ha pedido la paralización de la convocatoria electoral.

Sin embargo, la cita con las urnas se mantiene. La Junta Electoral que rige este proceso, compuesta por cinco miembros -tres representantes de empresas de la Cámara alavesa y dos personas nombradas por el Gobierno vasco, encargado de tutelar los comicios-, decidió ayer por unanimidad mantener la fecha pese a la petición de Aguirre.

La reclamación de este promotor inmobiliario y de los empresarios que apoyan su plancha obedece a un defecto en el censo entregado en mano a 14 compañías que acudieron a la sede de la Cámara a solicitarlo. Recibieron, han confirmado a este periódico fuentes empresariales, un documento en el que «por error» figuraban los nombres de profesionales liberales que no tienen derecho a voto en estas elecciones. Estas personas aparecían en categorías como 'energía y agua e industria química', 'industrias transformadoras de los metales', 'transportes y comunicación', 'instituciones financieras y seguros' y 'otros servicios', cinco de las diez en las que mañana se elegirán a los vocales.

En la Junta Electoral han tenido en cuenta que no ha habido perjuicio con respecto a los posibles electores, puesto que ese censo defectuoso no dejaba a nadie fuera; incluía por error algunos que no pueden votar. Asimismo, desde octubre en la página web de la Cámara de Comercio está colgado el documento con la información sobre el proceso electoral «y no ha habido ninguna impugnación en estos ocho meses», argumentan.

El error, que se explica en que la Cámara elabora el censo con base en el listado de empresas dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas -que incluye a profesionales sin posibilidad de votar en los comicios- es sin embargo lo suficientemente «grave» en opinión de Aguirre como para pedir, con sendos burofaxes en los últimos días, la paralización del proceso.

En el escrito que el promotor hizo llegar a la Cámara reclamó esa suspensión en aras a la «seguridad jurídica del proceso», indicaron fuentes de su entorno. Con todo, se reservó el derecho de someter a la valoración de los tribunales el resultado de mañana. Su intención es, de hecho, abrir una reclamación contencioso-administrativa.