Un cambio contable eleva la deuda de Vitoria con los bancos en 29 millones

La respuesta tiene que ver con el arte de birlibirloque que en ocasiones se trae la contabilidad financiera. Por primera vez este año, el Banco de España, que es quien remite al Ministerio de Hacienda las cifras de las deudas de los ayuntamientos con las entidades financieras, ha incluido la operación de alquiler de las oficinas municipales de San Martín en el concepto 'déficit'. En su contabilidad figura como un 'arrendamiento financiero' porque el Ayuntamiento acabará asumiendo la propiedad del inmueble, en contra de lo que ha considerado hasta ahora como un 'arrendamiento operativo' -similar a un alquiler común y sin compromiso de compra- que no computa como deuda viva.

En definitiva, las obligaciones financieras de Vitoria son las mismas ahora que hace un año o hace tres, cuando arrancó la operación de alquiler de San Martín. Y, consecuentemente, la salud financiera de la ciudad, su capacidad de maniobra o de inversiones, es similar. De hecho, fuentes del Gabinete Urtaran aseguran que ha mejorado. Porque si se descontase ese 'arrendamiento financiero' de San Martín, la deuda viva de la capital de Euskadi se quedaría en 118,09 millones, una cantidad inferior a los algo más de 119 del cierre de 2016, siempre según sus datos. «Es tremendamente injusto establecer una comparación entre las dos cifras oficiales porque son cantidades que no tienen en cuenta las mismas partidas», aseguran con rotundidad portavoces del Gabinete Urtaran. «Así que sin tener en cuenta el nuevo concepto contable hemos rebajado la deuda en alrededor de un millón».

El coordinador municipal de Economía, Iñaki Gurtubai, reconoce de entrada que la calificación de arrendamiento financiero es, «por definición, deuda», pero explica que el cambio de criterio del Banco de España puede ser debido al «complejo» contrato de alquiler de las oficinas de San Martín.

El Ayuntamiento cedió el terreno a la sociedad Lepazar XXI encargada de construir el edificio -formada por las empresas Zikotz, Pérez de San Román, Lagunketa y Giroa- y «a cambio la compañía levantó el inmueble -también lo equipa y asume el mantenimiento- y nos lo alquiló por 30 años», con un arrendamiento de 2,9 millones por ejercicio. Pasado ese tiempo, el Consistorio se hará con la propiedad del edificio. Además, «se comprometían a hacer un parking en rotación que explotan ellos -Lepazar XXI- pero que también nos revertirá cumplido ese plazo»; y por último, relata Gurtubai, «se habilitaban plazas de garaje subterráneas que la sociedad las vendía a los interesados y un porcentaje llegaba al Ayuntamiento».

De estas tres «condiciones» se compone el contrato, por el cual «las compañías constructoras asumen tres riesgos: el propio de construcción; el de demanda, porque levantan un edificio para el que han de tener un inquilino; y el operacional», por los créditos y préstamos que se contratan. El riesgo de construcción «es responsabilidad de quien hace la obra, el de demanda no existe porque siempre ha estado claro que el Ayuntamiento llevaría ahí sus oficinas -entraron en funcionamiento en junio de 2015- y el operacional tampoco es un riesgo», dice Iñaki Gurtubai, «porque el Consistorio de Vitoria paga bien y cumple». Pero con el cambio de criterio el Banco de España suma a la deuda de Vitoria con los bancos esos 28,89 millones de euros correspondientes a créditos y préstamos para la operación de San Martín -bajo el epígrafe 'asociaciones público-privadas'-.

Es una de las tres partidas que ha trasladado el organismo supervisor del sistema bancario al Gabinete Urtaran para desglosar la deuda viva de 144,22 millones: otros 114,88 corresponden a «créditos financieros, productos devengados por activos dudosos y préstamos transferidos a terceros de instituciones financieras residentes» y aparecen, por último, 457.000 euros de 'factoring sin recurso con inversión' por las facturas giradas por la contrata de limpieza FCC y que en ocasiones cobra del banco antes de que el Ayuntamiento de la capital traspase el dinero.

Compra de autobuses, obras del servicio de recogida neumática en el Casco Medieval o inversiones en Mendizorroza, Gamarra o los centros cívicos de Ibaiondo, Zabalgana y Salburua son algunas de las actuaciones que han obligado al Ayuntamiento a solicitar préstamos. Si se atiende a la cifra del Ministerio de Hacienda, la deuda viva por habitante en Vitoria asciende a 577 euros, que el Consistorio rebaja a 472. Todo por un cambio contable.