Urtaran corta el convenio con la asociación que denunció abusos y maltrato animal
Cierra 17 años de relación por «desavenencias en la mejora» del centro. Apasos habla de «vendetta absoluta» por criticar el «silencio» del Ayuntamiento en el caso de los ataques sexuales
Se rompió la cuerda entre el Ayuntamiento de Vitoria y la protectora de animales Apasos. Tras meses de desencuentros -con cruce de querellas incluido ... y, hace menos de una semana, la petición por parte de la asociación de que el alcalde, Gorka Urtaran, declare como testigo en el juzgado-, el equipo de gobierno local ha anunciado este miércoles el «cese de la colaboración» con esta entidad sin ánimo de lucro.
La nota oficial apeló a que la inusual decisión «se fundamenta en las desavenencias con la asociación en el proceso de mejora de la gestión del Centro de Protección Animal (como se conoce oficialmente a la perrera) iniciado en 2019 y la implantación de nuevos procedimientos que viene llevándose a cabo desde entonces». También recalca el texto el beneplácito de «un informe técnico» y «otro jurídico», ambos elaborados por personal municipal.
El hueco se cubrirá con «recursos propios». Se cortan así 17 años de colaboración. El actual convenio, que debía expirar el 31 de diciembre, asciende a 15.300 euros. Apasos, por su parte, habla de «vendetta absoluta».
Preguntado el Gabinete Urtaran si las críticas de este colectivo habrían influido en el inédito corte, un portavoz autorizado respondió con un lacónico «no», pero es evidente el peso del contexto. La protectora denunció en julio de 2020, a través de este periódico, los supuestos abusos sexuales a varias voluntarias a cargo de un trabajador, ya retirado del puesto y que posteriormente entró en prisión acusado de agresión sexual a una antigua pareja.
El Ayuntamiento acudió a la Fiscalía 24 horas después de que este diario publicase el caso, que sigue en fase de instrucción. La protectora siempre ha defendido que el Gabinete Urtaran supo de los episodios machistas en la perrera nueve meses antes de que salieran a la luz. Semanas más tarde, denunció a responsables de la perrera por ese presunto silencio. El concejal de Función Pública, Iñaki Gurtubai (PNV) también fue denunciado por «prevaricación».
La tensión no quedó ahí. El Ayuntamiento llevó ante la Justicia a Apasos por «calumnias y amenazas» de la directora de la protectora, colectivo que a su vez ha acusado al Consistorio de «maltrato animal». El pasado viernes, la concejal de Deportes y Salud, Livia López, declaró en el palacio de Justicia en calidad de perjudicada.
Abusos «tapados»
La reacción de Apasos a este cese no se hizo esperar este mismo miércoles. «Lo único que no menciona el Ayuntamiento es el origen de todas las desavenencias; la denuncia por abusos sexuales y contra quienes los taparon. Desde que las víctimas desvelaron la terrible situación que habían vivido en la perrera municipal y que los superiores del abusador conocían los hechos y no los habían atajado, el Ayuntamiento optó por expulsar a las denunciantes y hoy (por el miércoles) lo han logrado echando a la protectora, en el cúlmen de una vendetta absoluta», consideran.
«Que se hicieran las cosas mal al principio, que no se creyera a las víctimas y que se taparan los abusos en vez de aplicar el protocolo contra agresiones machistas podría ser perdonable», abundan. «Que luego el concejal Gurtubai, responsable del expediente disciplinario, tapara a esos responsables que habían hecho caso omiso de unos abusos que se conocían desde septiembre de 2019 era más grave. Pero continuar en esa espiral de despropósitos en vez de asumir los errores iniciales e intermedios es gravísimo».
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