Las Juntas Generales de Álava descartan la expropiación de los terrenos de Glavista
Ninguna de las propuestas institucionales de actuación ha contado con respaldo suficiente para aprobarse
Las Juntas Generales de Álava no apoyan la expropiación de los terrenos en los que se asienta la empresa llodiana de fabricación de parabrisas Glavista. ... Pero, además, los representantes políticos han sido incapaces de alcanzar un acuerdo para que las instituciones actúen en esta empresa, que está en concurso de acreedores y planea el despido de toda su plantilla: 240 trabajadores. Las discrepancias han sido evidentes durante todo el debate en la Comisión de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral de este viernes.
La iniciativa de Elkarrekin Araba apostaba por poner en marcha «un plan de salvamento público para Glavista que incluiría la expropiación de la empresa y los terrenos necesarios para su funcionamiento, el control del accionariado y la financiación mediante préstamos participativos de los fondos necesarios para retomar la actividad y la conservación de la totalidad del empleo». No ha cosechado apoyos suficientes, pero tampoco lo han hecho las enmiendas del PP, que aspiraba a implantar un programa de empleo y beneficios fiscales en Ayala. Ni la conjunta de PNV y PSE para desarrollar el proyecto Aiara Industrial Lab para garantizar el crecimiento económico de la comarca.
«Demagogia»
El portavoz jeltzale, Iñaki Ruiz de Galarreta, puso sobre la mesa las consecuencias de una posible expropiación. «No se puede decir esto desde la demagogia de quien no tiene que llevarlo a cabo», dado que las consecuencias podrían ser «que después de unos años los tribunales digan que hay que indemnizar y entonces no habrá dinero para nada más». El socialista Jesús López de Ubierna añadió que «la solución no puede ser que la Administración nacionalice todas las empresas que tengan problemas» y abogó por desarrollar el Plan de Acción para la revitalización de Ayala.
Desde las filas de EH Bildu, Natxo Urkixo, exalcalde de Llodio, recordó que precisamente este plan va muy retrasado y pidió que «la Diputación ponga a trabajar a sus equipos jurídicos para investigar si Guardian ha cometido fraude de ley» porque, en su opinión, «la solución no vendrá de hacer un rescate a la empresa, sino de un profundo cambio en las políticas económicas».
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