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La Audiencia Nacional juzgará a partir de este martes a Verónica R. Y., la vecina de Vitoria detenida en verano de 2023 por su ... presunta radicalización yihadista. La Fiscalía pide que esta vecina del barrio de Zabalgana sea condenada a cinco años de prisión, tres de libertad vigilada y otros nueve de inhabilitación para profesión u oficio educativo por haber cometido un delito de autoadoctrinamiento y autocapacitación con fines terroristas. Porque, además de difundir material propagandístico de la organización Daesh, planeaba convertir a sus cuatro hijos menores –de 5 a 12 años– en 'muyahidines' (o, lo que es lo mismo, combatientes), según el escrito de conclusiones del Ministerio Público.
Tenía la intención de viajar a Irak para enrolarse en el anteriormente conocido como Estado Islámico. «Se ha acreditado una planificación en cuanto a las personas a las que se uniría y facilitaría su desplazamiento, exteriorizada en las búsquedas de vuelos e itinerarios», sostiene el fiscal encargado del caso. «Mis hijos hacen la yihad algún día 'inshallah' (expresión árabe que se puede traducir como 'si es la voluntad de Dios'). Tengo cuatro leones aquí», escribió la acusada en uno de los mensajes que fueron localizados por los investigadores.
Esta mujer de nacionalidad española y origen peruano conversa al Islam tenía en su posesión más de 92.216 imágenes, 2.302 vídeos y 1.320 audios. En total, 79,6 gigabytes de archivos en español y árabe, así como en ruso. Los agentes que participaron en la operación también descubrieron que administraba «plataformas de comunicación social y mensajería desde las que llevaban a cabo publicaciones de índole yihadista».
La Fiscalía cree que Verónica R. Y. no era «una mera usuaria de material» de este tipo, «sino que también llevaba a cabo actos de difusión de archivos audiovisuales, contribuyendo de esta forma a los fines de la organización terrorista Daesh». Eso sí, el representante del Ministerio Público apunta que no han podido «identificarse a terceras personas que se hayan adoctrinado en los postulados terroristas como consecuencia directa» de su actuación.
Esta mujer se encuentra actualmente en libertad provisional y en su momento volvió a la capital alavesa ataviada con un niqab que sólo deja a la vista sus ojos, pero sus cuatro hijos están bajo la tutela del padre biológico –ajeno al supuesto proceso de radicalización– desde el momento de su detención hace un año y medio en la capital alavesa por parte de la Guardia Civil. El fiscal cree que asumió el «decidido compromiso personal de convertirse en una colaboradora al servicio de acciones terroristas».
«Los archivos almacenados en los dispositivos constituyen medios de persuasión, instigación y captación de prosélitos de gran eficacia», señalan en las conclusiones. «Ello es así, además de sus propios contenidos, en atención a la forma sugestiva y hábil con que se presentan los mensajes, no exenta de componentes épicos y grandilocuentes, potencialmente capaces de romper el modelo internalizado de educación moral y social», denuncia.
En la investigación, se contó con un agente encubierto del Instituto armado al que la acusada le informó de cómo formar parte de la organización terrorista y establecer comunicación con miembros del entramado, detalla el escrito del Ministerio Público sobre esta vecina de Zabalgana que, antes de emprender su radicalización, había solicitado ingresar en el Ejército español.
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