AstraZeneca, una vacuna perseguida por la polémica

Vaxzevria, nombre comercial, era la apuesta de la UE. Bruselas adelantó 336 millones a la farmacéutica para apoyar el desarrollo de este suero en colaboración con la Universidad de Oxford. El 29 de enero su uso fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Fue la tercera fórmula autorizada en los 27 tras las de Pfizer y Moderna. En España inicialmente se decidió administrarla en personas de entre 18 y 55 años, al ser la mayoría de los participantes en los ensayos clínicos de esta edad. Para entonces la compañía ya anunciaba retrasos.

El 15 de febrero comenzó su administración en Euskadi. El Ministerio de Sanidad estableció que los primeros en recibir este suero serían trabajadores esenciales. Se empezó por ertzainas, policías locales, profesores y así hasta 81.000 vascos pertenecientes a una treintena de colectivos considerados prioritarios.

El 8 de marzo se conocen los primeros casos de unos muy raros episodios de trombos con descenso de plaquetas en personas vacunadas en Austria y Dinamarca con el preparado anglosueco. Un goteo de países empieza a suspender su administración. España lo hace el 16 hasta que se resuelva una investigación de la EMA. La agencia avala su utilización y resalta que sus beneficios superan a los riesgos. El 24 de marzo, Sanidad reanuda la inoculación con esta fórmula y amplía su uso a la población general de hasta 65 años. Dos semanas después, y ante la aparición de más casos de coágulos, el Ministerio restringe su uso a personas de entre 60 y 69 años.

La tensión entre la Unión Europea y la farmacéutica sube de nivel. A la aparición de los espisodios de trombos se le une una sucesión de incumplimientos en los envíos que desemboca en un enfrentamiento político. Francia acusa a Reino Unido de hacer «chantaje» a Europa con el suministro, mientras que en Italia se descubren 29 millones de dosis guardadas en secreto en las instalaciones de una farmacéutica. La desconfianza crece hasta tal punto que la UE denuncia a AstraZeneca ante los tribunales, decide no prolongar sus contratos más allá de junio y se encomienda a Pfizer. Esta última compañía pasa a ser preferente y se acuerda con ella un adelanto de las entregas que permita compensar el retraso acumulado en la campaña a causa de la intermitencia en los envíos de Vaxzevria.

En España, Sanidad pierde su confianza en este antígeno. El Ministerio pone en marcha el estudio 'Combivacs', pilotado por el Instituto de Salud Carlos III y en el que participan 600 voluntarios y varios hospitales, entre ellos Cruces. El departamento de Carolina Darias decide retrasar de 12 a 16 semanas la segunda dosis a los primeros trabajadores esenciales a los que les tocaba completar la pauta para esperar a los resultados de la investigación. Concluye que 'mezclar' una primera dosis de AstraZeneca con una segunda de Pfizer es seguro, eficaz y que genera una mayor protección inmunitaria.

Estos resultados llevan al Ministerio y a la Comisión de Salud Pública a decidir que los trabajadores esenciales menores de 60 años deben completar la pauta con Pfizer. La decisión es apoyada por varias comunidades autónomas, entre ellas Euskadi. Otras la rechazan frontalmente, en su mayoría las gobernadas por el PP, que apuestan por repetir con AstraZeneca y así lo recomiendan a su población. La situación provoca una de las mayores crisis políticas en España de la campaña de vacunación y genera incertidumbre en la población. Finalmente a Sanidad le tiembla el pulso y decide dar libertad a los vacunados. En Euskadi en un primero momento el Gobierno vasco no asegura una segunda dosis de AstraZeneca a los que opten por repetir suero. Finalmente, y tras las quejas de numerosos afectados y los sindicatos, modera su postura y facilita el acceso al preparado anglosueco. el 53% de los profesionales esenciales vascos que han completado la pauta se ha decantado por hacerlo con el suero de la Universidad de Oxford.

La última polémica es reciente. A finales de junio el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades solicitó a las autoridades sanitarias que recortasen los plazos de la pauta para acelerar la cobertura de la población esencial ante el rápido avance de la variante Delta. En Euskadi esta decisión afectaba a los sexagenarios. Salud desoyó esta recomendación y ha mantenido su decisión de pinchar la segunda dosis en la semana 12. Otras comunidades optaron por adelantarla a la décima. El 30 de junio la directora de Salud Pública explicó que la decisión de mantener las citas se debía a que es la semana en que «se produce la mayor generación de anticuerpos» y a que Euskadi no sufría «una explosión» de casos de la mutación india. Hoy presenta cifras de contagios nunca vistas en la pandemia y la cepa Delta está detrás de más del 75%. Estos días se completa la pauta del último gran grupo de sexagenarios vacunados con este suero, cerca de 70.000 personas. Aunque según la información que ofrece el Ministerio, la máxima protección que les aporta el suero no les llegará «hasta 28 días después de la segunda dosis».