El nuevo curso político arranca con asuntos pendientes desde hace más de seis años

Con el arranque del nuevo curso político, el Ayuntamiento de Miranda pisa el acelerador para propiciar encuentros bilaterales entre el alcalde, Fernando Campo, y responsables del Gobierno central y la Junta de Castilla y León, que permitan recuperar del olvido proyectos que han permanecido durante años en vía muerta por la propia dejadez institucional pero, sobre todo, por un marco económico de ajustes presupuestarios que, se confía, pueda comenzar a cambiar. La ciudad mantiene abiertos temas que se recuperan puntualmente y que, también puntualmente, se han visto relegados a la nada en las cuentas de las grandes administraciones. Ha sido un déjà vu continuo.

«Ya he mantenido tres conversaciones telefónicas en este sentido. Y estamos trabajando en un listado para comenzar a viajar». El periplo de Campo incluirá varias visitas a Valladolid, pero también a Madrid. Porque del Estado dependen en última instancia, la mayoría de los grandes proyectos varados. Es el caso de la ampliación de la depuradora. Incorporada en 2011 al Plan de Calidad de las Aguas de Castilla y León, tiene el amparo del Gobierno de España en base a una declaración de proyecto «de interés general», dictada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero nada ha cuajado.

El objetivo es construir una serie de nuevos módulos además de la introducción de elementos de control biológico del agua hoy no presentes, que prepararían esta instalación para dar servicio a un polígono de Ircio en pleno funcionamiento. Pero el proyecto incluye también la creación de emisarios en El Lago y Los Ángeles para integrar sus redes en la estructura de trasvase de Arce y evitar vertidos al exterior. La inversión estimada se sitúa en 4,5 millones de euros. La contratación de la obra está paralizada.

Seis años de espera (o más) existen también sobre otro de los proyectos que, en su día, se creyó de desarrollo lógico y al que nadie puso pegas:Estado y Junta asumieron la financiación del sellado del vertedero en 2008 con el objetivo de recuperar el entorno paisajístico tras la clausura del centro de residuos de la ciudad (que acumulaba la friolera de 17 años en funcionamiento). En este caso, el desembolso estimada se cifró en su momento en 4,4 millones.

Ocho meses y siete fases

El proyecto contempla un plazo de ejecución de apenas ocho meses y un desarrollo en siete fases. Comenzaría con la desratización de la zona. Luego llegaría la demolición y el desmontaje de las diferentes estructuras. El modelo topográfico y el sellado sería el siguiente paso, que precedería al tratamiento de lixiviados los líquidos generados por la descomposición de la basura; y a la completa desgasificación de un vertedero situado muy cerca del barrio de Los Corrales. El depósito en el futuro, tendría que fundirse en el paisaje natural. Existió, pero no ha de dejar ninguna huella.

«Tenemos también pendiente que se mantenga el compromiso de que en 2015 se contratarán las obras del acceso a la N-1 y la eliminación del paso a nivel de El Crucero». Este asunto se ha trasladado en incontables ocasiones a Madrid. Incluso se emplazó a José María Arribas, subdelegado del Gobierno en Burgos, a recordarlo cuando visitó la ciudad con el cargo recién estrenado. La insistencia machacona tampoco ha surtido efecto en este caso.

El proyecto de ejecución ya está realizado y queda pendiente la licitación para conectar la N-1 y el barrio a través de ese nuevo paso. La idea es que se avance en el último planteamiento de ADIF y la Dirección general de Carreteras. En su momento, se incidió también en la necesidad de desarrollar, de forma simultánea, El Crucero Oeste, polígono que contemplaba un 70% de viviendas de VPO en una actuación que se extendía en 271.140 metros cuadrados.

Perdería fuelle esta última idea en un momento en el que la construcción de vivienda en la ciudad continúa en stand by, aunque actuar en El Crucero Oeste tendría también un efecto en la circulación. Eso es, al menos, lo defendido por el Ayuntamiento: «Aliviaría la congestión de una carretera, la de Orón, con mucha circulación a través de un desvío por Bardauri».

Y llegamos al convenio de financiación del Apolo. El Ayuntamiento ha pasado de reclamar la totalidad de lo comprometido por el ejecutivo de Juan Vicente Herrera a confiar en que próximos pagos no se precisa ni cuántos ni en que cuantía permitan sufragar la inversión pendiente del equipamiento y, por extensión, la apertura.

No hay fecha oficial de inauguración «ni tan siquiera aproximada». Por no haber no hay un calendario concreto para que los trabajos menos gravosos ya contratados de ese equipamiento (sonido, escenario, etcétera) puedan comenzar en el interior de un inmueble aún no entregado.

650.000 euros costaría equipar el teatro. Si se tiene en cuenta que el coste de la obra supera los 6 millones de euros; que la Comunidad Autónoma asumió hacerse cargo del 30%; y que hasta ahora ha desembolsado 800.000 euros (300.000 a finales de 2012 y otro medio millón en diciembre del pasado año), aún tendría pendiente de saldar en torno a 1,1.