El ex 'número dos' del PNV en Álava y ex diputado Alfredo De Miguel, principal imputado en la presunta trama de corrupción que investiga la Justicia, intentó cambiar la legislación vigente para hacer posible la oscura macrooperación urbanística de Zambrana, finalmente fallida, que EL CORREO destapó hace diez días. La llegada del PSE al Gobierno vasco en mayo del pasado año desbarató igualmente esta vía para hacer posible el plan.
Según las investigaciones realizadas por este periódico, cualificados dirigentes, cargos y ex cargos públicos jeltzales se implicaron a todos los niveles durante seis años con un objetivo: recalificar como suelo industrial una gran extensión de terreno rural en la pequeña localidad de Zambrana (350 habitantes), situada a 33 kilómetros al sur de Vitoria. Lo 'curioso' del empeño es que el gran beneficiario de la operación hubiera sido un grupo inversor catalán privado, Riera Urbanizer, captado por un 'fontanero' del PNV, Iosu Arruti, de la empresa Sidepur. Riera invirtió casi cinco millones de euros (cerca de 840 millones de las desaparecidas pesetas) en opciones de compra de suelo que dificilmente recuperará ya si los tribunales de Justicia, su última esperanza, no dan un giro copernicano a la situación.
Este diario informó el pasado 30 de mayo que el Ayuntamiento de Zambrana, después de no pocas dudas tras pasar de manos del PNV a las de una plataforma ecologista, accedió en 2007 a poner en marcha los planes preparados por los jeltzales para recalificar el suelo. Eso sí, con dos condiciones: rebajar la operación a la mitad (de 1,2 millones de metros a 660.000) y que el futuro polígono no albergase ni centrales térmicas, ni vertederos ni industrias contaminantes. El procedimiento elegido: una simple modificación puntual de las normas subsidiarias del municipio.
El plan B
Pese a que tanto la Diputación alavesa como el Gobierno de Ibarretxe (el PNV, que no EA ni EB) avalaron con sucesivas decisiones el plan, incluso contra la opinión de los técnicos, Alfredo De Miguel no las debía tener todas consigo respecto a que el procedimiento elegido permitiera llevar a buen puerto el oscuro proyecto. Por ello, para intentar garantizarse el éxito del objetivo, decidió poner en marcha un plan B.
El entonces diputado foral alavés contrató a dedo los servicios de una importante consultoría con sedes en Getxo y Madrid -la ley lo permite cuando se trata de trabajos de asistencia por un importe inferior a los 18.000 euros-. ¿El objetivo? Que le preparara los documentos necesarios para tramitar una modificación no sustancial del PTP (Plan Territorial Parcial) de Álava Central; un marco normativo del máximo rango que fija, por ejemplo, cuanto suelo industrial pueden tener los distintos municipios de una zona y dónde.
Ciento ochenta grados
Al final, ni vía A, ni B. Tras esforzarse a todos los niveles durante años por lograr la recalificación, los jeltzales dieron un giro de ciento ochenta grados cuando Patxi López desembarcó en Ajuria Enea. De Miguel -e Iñaki Nafarrate, su ex 'mano derecha' y actual diputado del área tras el estallido del escándalo- se reunieron hasta en tres ocasiones con los nuevos responsables socialistas de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco para obtener su placet al proyecto. En vano.
De inmediato De Miguel denegó la modificación puntual de normas subsidiarias. Y, según ha podido confirmar este periódico, abandonó también en silencio el plan B. El PNV, desde el EBB a los imputados, han eludido hasta el momento explicar su sorprendente proceder.
