Vivienda triplicará los ingresos mínimos para acceder al alquiler de una VPO

El Departamento de Vivienda lleva tiempo trabajando en estos apartados que forman parte del 'Proyecto de decreto de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de medidas complementarias en materia de vivienda', un texto del que solo faltan «los informes finales» y que estará listo para antes de que concluya este ejercicio. Sin embargo, varias de las novedades que introduce el plan han sido denunciadas en los últimos días por el colectivo Stop Desahucios, que las han tildado como «bombas de relojería que hacen saltar por los aires el sistema».

El primer apartado denunciado es el referente al endurecimiento al acceso al registro de Etxebide de solicitantes de vivienda protegida, sobre todo, los referentes a alquiler. Si hasta ahora era necesario demostrar unos ingresos mínimos de 3.000 euros anuales para poder optar a un arrendamiento general de vivienda protegida, el nuevo decreto triplica esa base hasta situarla en los 9.000. Un incremento de ingresos requeridos que no se aplicará al colectivo más desfavorecido, de forma que para poder acceder al alquiler social que ofrece Alokabide, solo se exigirán los 3.000 euros anuales como hasta ahora.

Desde el departamento que dirige Iñaki Arriola reconocen que ese incremento se va a dar y lo achacan al incremento de los precios del alquiler no social en los últimos años –se modifica una orden publicada en 2011–. Eso sí, desde Vivienda muestran su sorpresa por las declaraciones de Stop Desahucios ya que «conocen de primera mano el proyecto de decreto» y «en ningún caso» se redacta para perjudicar el acceso a la vivienda de los más desfavorecidos ya que «la meta principal del departamento es facilitar el acceso a una vivienda digna, preferentemente de alquiler, a las personas y familias que la necesitan».

Arriola señala que la propuesta de elevar el mínimo de ingresos anuales de 3.000 a 9.000 euros para acceder a un alquiler general de VPO «se toma por una razón evidente que a nadie le puede extrañar». El consejero argumenta que «teniendo en cuenta los precios del alquiler en el mercado libre, resulta imposible que una persona o unidad familiar con menos de 9.000 euros de ingresos pueda dedicar un máximo del 30% de su renta al arrendamiento de su vivienda, como dice la Ley de 2015». Además, la cantidad mínima que se exige actualmente es tan baja que no permite ni siquiera pagar el alquiler medio de vivienda pública en Euskadi situado en 226 euros mensuales.

Vivienda aclara que para ese rango de ingresos «está el alquiler social», que mantiene los límites actuales, de 3.000 euros a 25.000. La propuesta del decreto también incluye un incremento en las horquillas para compra de vivienda protegida y también la de tasada. Así, los ingresos mínimos para la compra de VPO de régimen general pasarán de los 9.000 de ahora a los 12.000 y los máximos cambian de los 35.000 a los 39.000.

El segundo foco del decreto por el que Vivienda ha recibido las críticas de 'Stop Desahucios' es el establecimiento de nuevos cupos a la hora adjudicar vivienda pública en alquiler. El Ejecutivo ha presentado un plan de 'reparto' de estos pisos con el objetivo de que se creen «comunidades integradas y lo más parecidas posibles al conjunto de la sociedad vasca en su configuración». El proyecto prevé destinar un máximo del 40% de esos pisos a personas titulares del derecho subjetivo a vivienda, otro porcentaje similar a jóvenes menores de 36 años, un 10% a personas con especial necesidad de vivienda y el 10% restante, al resto de solicitantes.

El colectivo 'Stop Desahucios' considera que ese nuevo reparto atenta contra el propio derecho subjetivo a la vivienda, que «en esencia pretende establecer prioridades dentro de los inscritos por antigüedad, ingresos y miembros de la unidad familiar». Estiman que «reservar cupos de viviendas para unidades familiares que no son beneficiarios del derecho subjetivo atenta contra esta prioridad y sería claramente reclamable ante los tribunales» y denuncian que el objetivo del Ejecutivo sea «no crear guetos en los municipios».

El departamento de Arriola defiende que es «considerable» el porcentaje de vivienda de alquiler protegido que se reserva para el colectivo de derecho subjetivo, de forma que «no se puede acusar al departamento de cargarnos ese derecho». Además, sostienen que «nadie puede oponerse a que se reserve una parte de los pisos a adjudicar a personas jóvenes, o a mayores o a personas con necesidades especiales».

La consejería explica que no se desea que las promociones de vivienda pública en alquiler «se conviertan en focos de marginación social» y coloca «la cohesión social como uno de los objetivos fundamentales de las políticas de vivienda pública».