Euskadi evita nuevos recortes a la hostelería y endurece el control de los botellones

Las administraciones vascas, apuntó, confían en que la «autorresponsabilidad» y «autoexigencia» de la población, tanto jóvenes como mayores, sean suficientes para el buen cumplimiento de las normas. A ambas condiciones apeló varias veces el lehendakari en una intervención en la que puso especial empeño en dejar clara la capacidad que otorga la nueva ley antipandemia, aprobada el pasado 24 de junio, para sancionar económicamente el incumplimiento de la legalidad.

Las multas por participar en un botellón, según este nuevo ordenamiento, pueden llegar hasta 600 euros y el Gobierno vasco, a tenor de lo dicho este miércoles por su máxima autoridad, está dispuesto a imponerlas. Apeló, incluso, a las instituciones territoriales y locales para que, «cada una en su ámbito de actuación», impida todo tipo de celebración que pueda poner en riesgo la salud pública. «No es asumible que porque no haya programas de fiestas se mantengan determinados hábitos como si las hubiera», advirtió.

La intervención de Urkullu estuvo dirigida principalmente a los jóvenes, aunque en un momento determinado se esforzó en puntualizar que su mensaje a favor del «respeto de las normas» iba dirigido al conjunto de la sociedad. Todo el mundo entiende el botellón, puntualizó, como una celebración juvenil, pero se va a vigilar a toda la población porque las 'no fiestas', recalcó, «no son solo de jóvenes».

Más allá de esa estrecha vigilancia que se anuncia, no habrá restricciones añadidas. El Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) confía en que el impulso a la vacunación de los más jóvenes a partir de este viernes sea suficiente para contener este último zarpazo de la epidemia. Si no lo es, la situación volverá a estudiarse dentro de quince días, en lugar de 21, como hasta ahora. Dado el repunte actual, pretende realizarse un seguimiento de la situación más continuado. Será entonces cuando quizás, en función de lo que pase, se valore volver a reducir a cuatro la capacidad máxima de las mesas en bares y restaurantes o posibles adelantos en los horarios de cierre.

Urkullu justificó la decisión de no forzar nuevas medidas de control en los contradictorios resultados que arrojan dos de los parámetros que vienen utilizándose para evaluar la pandemia. Uno de ellos es la tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, que informa de una 'situación tensionada' cuando se superan los 150 casos. A partir de ahí se llega al nivel 3 de emergencia, el máximo que contempla el nuevo plan de acción 'Bizi Berri IV', aprobado por el Gobierno el pasado martes y que estará vigente hasta octubre. Euskadi, según la información difundida, correspondiente al miércoles, tiene esa tasa en 203,15, y al alza. El máximo previsto es 300 y se han recorrido 100 en apenas un mes, desde el 4 de junio.

Existen otros indicadores que arrojan datos preocupantes. Uno de ellos es, por ejemplo, el índice de reproductividad R0, que, a partir de 1, informa de la existencia de transmisión comunitaria. El País Vasco registra 1,5, que es de los peores computados en toda la crisis sanitaria. El hecho de que la mayor parte de la población vulnerable esté ya vacunada ha llevado al LABI a fijarse más en otro indicador muy importante: la situación hospitalaria. La red de Osakidetza afronta en la actualidad la menor presión desde el verano pasado. Atiende a 51 pacientes en planta y a otros 25 en unidades de críticos. En este caso son, sin embargo, cifras que se corresponden con el nivel 1 de emergencia, que es justo el contrario, el más bajo.

Ante ambas realidades, el LABI optó por una decisión salomónica: no habrá nuevas restricciones, pero, «de momento», tampoco se levantará el veto a algunas de las medidas vigentes, como se anunció que se haría hace tres semanas, en el supuesto de que mejorase el panorama. «Si se cumplen estos objetivos (menos incidencia y menos presión hospitalaria) -dijo el lehendakari el 18 de junio-, será de aplicación un nuevo paso en la modulación de medidas del Plan Bizi Berri III o, incluso, la desactivación de la emergencia sanitaria». Una y otra tendrán ahora que esperar.

Paradójicamente, después de un LABI que dejó todo prácticamente como estaba, el lehendakari acabó volviendo a defender la declaración del estado de alarma por su capacidad para posibilitar cierres perimetrales, restricciones a la movilidad nocturna y control sobre el número máximo de personas que pueden circular juntas por la calle. «Nosotros ya lo planteamos (en mayo). No se consideró así», recordó.