Vida perra: el abandono de canes se dispara

– ¿Por qué no das de comer al perro?

– Para lo que trabaja…

– Pues entonces, ¿por qué no lo matas?

– Para lo que come...

Este chiste del dibujante y político Castelao ilustra a la perfección la dejadez con que se trata a veces a los canes en la Galicia rural. El 11 de enero entró vigor en esa comunidad la Ley de Bienestar Animal, una norma que demuestra hasta qué punto una ley se puede volver en contra de las intenciones del legislador. En sus primeros días de andadura ha sido peor el remedio que la enfermedad. Una norma pensada para proteger a los animales de compañía está induciendo a su abandono. Al menos así lo denuncian los ayuntamientos y las organizaciones protectoras de animales gallegas, que están desbordados por la llegada repentina de miles de chuchos. El creciente rigor para que los canes sean identificados con microchips y la prohibición de mantenerlos atados de forma permanente está moviendo a algunos dueños a prescindir de ellos.

La exigencia de un chip de identificación no es nueva, de hecho era obligatoria desde julio de 2003, pero ahora el régimen sancionador se ha endurecido. Si antes las multas eran de 300 euros, en la actualidad oscilan entre los 500 y 5.000. «En Galicia persisten hábitos propios de una sociedad rural. Aquí es muy habitual ver a los perros encadenados y a los caballos con trancas (palos que les atenazan las patas). Somos un poco brutos y la gente no está dispuesta a afrontar las consecuencias económicas y judiciales previstas», dice Néstor Vázquez, portavoz de Equo en Galicia.

A la residencia Garatuxa, en Outeiro de Rei (Lugo), llegaban tres o cuatro perros al mes. «Ahora recogemos el mismo número, pero cada semana», asegura la veterinaria Marta Méndez. Ante la avalancha de animales desamparados, la dueña de Garatuxa busca a través de las redes sociales refugio para sus criaturas. «En pocas semanas hemos entregado en adopción seis perros. Los han acogido personas de Bélgica, Francia, Reino Unido, Holanda y Finlandia», explica Méndez.

La Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) no dispone de datos propios, pero según informes externos unos 6.000 perros pueden ser abandonados al año en Galicia. El presidente de la organización, Alfredo García, no cree que el incremento de las sanciones redunde en la desidia de los propietarios de perros, y aduce que la ley hay que cumplirla. Lo que sí demanda del Gobierno que preside Núñez Feijóo es una dotación presupuestaria suficiente para acometer los nuevos desafíos. Como la ley impide el sacrificio de perros, los refugios están saturados. Ante las nuevas necesidades, se precisa una financiación adicional de entre 50.000 y 200.000 euros anuales. «Ahora la estancia de un animal en la perrera puede prolongarse hasta 10, 12 o 14 años, y eso es lo que va a elevar de forma exponencial el gasto de los ayuntamientos gallegos», dice el presidente de la Fegamp, que señala que los gastos diarios de mantenimiento de un perro para un municipio se sitúan entre los cinco y los diez euros diarios.

Sin embargo, para algunos expertos consultados no ha transcurrido el tiempo suficiente para atribuir a la ley gallega un efecto perverso. Así lo piensa Ana Moreno, asesora de la red Equo Derechos de los Animales, quien subraya que el chip identificador supone un ahorro de dinero público. «Si se abandona un animal y éste es recogido, la responsabilidad compete al propietario».

Más allá del caso gallego, las nuevas disposiciones están demostrando que las buenas intenciones no bastan. Cataluña fue pionera en 2008 en imponer el 'sacrificio cero', es decir, la prohibición de matar animales alojados en centros de protección. La comunidad de Madrid secundó el ejemplo en 2016 y Galicia se ha incorporado recientemente al movimiento. Los animalistas aplaudieron la medida, pero los ayuntamientos y las mismas asociaciones protectoras se quejan de que sus albergues están abarrotados, entre otras cosas porque las administraciones no han hecho dotaciones presupuestarias 'ad hoc' para impedir el sacrificio.

Para el presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Vilaplana, la prohibición de sacrificar perros es una «utopía», dado que los refugios acogen animales que en ocasiones se encuentran en estado terminal. «Lo lógico entonces es practicarles la eutanasia», arguye Vilaplana, que apuesta por un control estricto de la natalidad canina. Según sus datos, en España hay doce millones de animales de compañía censados, de acuerdo con el registro de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (Reiac). El veterinario aboga por aplicar la esterilización de mascotas, no sólo para evitar la superpoblación sino por razones de salud pública. «Es preciso un control de la natalidad en las zonas periurbanas y rurales. Una perra suelta es capaz de tener cada seis meses una camada de cinco u ocho cachorros, lo cual es un pozo sin fondo. No hay sociedad que lo asuma. En Marruecos, que está al lado de Andalucía, hay rabia y bastantes perros sin vacunar ni identificar. Por eso no hay que bajar la guardia con las inmunizaciones».

Las organizaciones que defienden los derechos de los animales son partidarias también de la castración y esterilización de mascotas, y combaten el bulo tan extendido de que la buena salud de una hembra se garantiza con al menos un parto. «Cualquier veterinario recomienda que una gata o una perra sea esterilizada antes o durante el primer año de vida para evitar el riesgo de cáncer de mama e infecciones uterinas», rebate Moreno.

No sólo las perreras de Galicia están desbordadas. Madrid, Cataluña, Andalucía, La Rioja y Extremadura, entre otros territorios, sufren el hacinamiento. La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid recibe diez llamadas al día para notificar la existencia de mascotas desatendidas. Su presidenta, Beatriz Martínez Domínguez, culpa a los cazadores de los desmanes. «Calculo que entre el 60% y el 70% de los perros abandonados proceden de cazadores. Se empeñan en cruzar y criar perros para tener un buen ejemplar y desechan los que no les convienen. Si no saliera gratis entregar un perro a un refugio, habría menos abandono», sostiene Martínez. Según la Fundación Affinity, España se desentiende de 137.000 mascotas cada año, una cifra que a Beatriz Martínez le parece corta y eleva a 300.000.