La historia de los herederos del Sultán de Joló que exigían 16.000 millones a España

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -institución dependiente del Banco Mundial- ha desestimado la demanda valorada en 18.000 millones de dólares (unos 15.500 millones de euros) -a la que sumar intereses- presentada hace un año por los herederos del sultán de Joló. El Ciadi ha declarado su falta de jurisdicción por ausencia manifiesta de mérito juzgado, lo que supone una desestimación completa de la demanda. Los demandantes deberán incluso pagar los costes del procedimiento, así como los honorarios de representación de España.

Los orígenes de este litigio, uno de los más caros de la historia del arbitraje y el más caro de España, se remontan a 1878. El sultán de Joló firmó con dos comerciantes europeos un acuerdo para el arrendamiento de la explotación de perlas, nidos de pájaros y maderas. Los arrendatarios pagaron hasta 1946, cuando la corona británica se hizo con los derechos del contrato. La situación cambió en 1963, ya que Malasia empezó a afrontar los pagos tras lograr su independencia.

Cuando en los 80 y 90 encontraron nuevos recursos naturales, como el petróleo y el gas, los herederos intentaron renegociar el contrato, pero Malasia lo rechazó. Rompieron finalmente en 2013, después de que el estado asiático alegara que el territorio de Joló le corresponde legítimamente desde 1957. Este fue el motivo por el que los herederos iniciaron un arbitraje.

Madrid fue elegida capital para zanjar la disputa. ¿Por qué? Por el hecho de que Joló fue territorio español en el siglo XVIII. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el nombramiento de Gonzalo Stampa, el árbitro que fue designado en 2019. Una decisión que llevó a los herederos del sultán a criticar a España por, censuraron, reducir la capacidad de los demandantes para ejecutar el laudo.

Stampa falló a favor de los herederos. Reconoció su derecho a una indemnización de 13.770 millones de euros. Este paso llevó a la Fiscalía a demandar al letrado español, que fue finalmente condenado a seis meses de prisión. El pasado mes de octubre la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Stampa y confirmó su pena.

Los herederos del sultán aseguraban haber realizado una «inversión protegida» en España por el gasto en honorarios legales llevado a cabo dentro del territorio español y el supuesto interés monetario derivado del laudo. Tras medio año de análisis un tribunal de la corte de arbitraje del Banco Mundial ha estimado que no pueden aferrarse a un tratado de inversiones porque no llegaron a efectuar inversión alguna en España.

Según consta en el auto de resolución, los honorarios legales no pueden estimarse como un activo, sino que se tratan de un gasto y, por lo tanto, tampoco pueden ser calificados como una inversión. Recoge, además, que el interés monetario derivado del laudo tampoco puede convertirse en inversión ya que no existió actividad económica alguna en territorio español.