La Fiscalía confirma la existencia de informes sobre abusos a menores en instituciones religiosas vascas

La responsable del órgano judicial a nivel estatal, Dolores Delgado, quiere centralizar las investigaciones abiertas en diferentes comunidades sobre presuntas agresiones sexuales a menores cometidas en el seno de la Iglesia católica. En ese sentido, el lunes reclamó a los 17 fiscales superiores que remitan en diez días todos los procedimientos penales que estén en tramitación con el objetivo de establecer un criterio único del Ministerio Público.

Adán ha señalado que hasta que no remita toda la documentación no informará ni del número de casos ni de su situación. Tampoco ha querido confirmar si las investigaciones están «abiertas o cerradas», aunque ha puntualizado que «siempre hay capacidad de recurso o de determinadas actuaciones». El objetivo que persigue la Fiscalía, ha dicho la titular vasca, es «tener un mapa» de los casos que se han denunciado, si bien ha precisado que algunas querellas «se archivan en la propia Fiscalía cuando no se han aportado los suficientes datos».

Esta orden del órgano que dirige Delgado, que desligan de cualquier indicación del Ejecutivo, se produce en un momento en el que los abusos sexuales en la Iglesia han saltado a la primera línea del debate político, donde todo hace indicar que estarán presentes largo tiempo. Ayer martes, la Mesa del Congreso, con el voto a favor de los socios de Gobierno –PSOE y Podemos– y el rechazo expreso de PP y Vox, aceptó tramitar la petición de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión de investigación parlamentaria que desvele los abusos sobre niños y adolescentes.

En unas semanas, el pleno debatirá y votará si respalda esta propuesta o tira hacia la vía alternativa del PNV, que plantea que la herramienta para descubrir la verdad sea una comisión de expertos independientes –juristas, médicos, psicólogos– que se tomen el tiempo preciso –podrían ser años– para entrevistar a víctimas y testigos y estudiar documentación antes de emitir un informe que podrían presentar al Congreso, lo que facilitaría que las resoluciones políticas las aprobasen los diputados.

Las diócesis vascas, por su parte, estén han creado en los últimos años comisiones de expertos para atender las denuncias de abusos y, en su caso, abrir las investigaciones necesarias. Fruto de estos trabajos se tiene constancia de casi una decena de episodios en Bizkaia, de los que una parte han sido ya trasladados a instancias judiciales.