Euskadi diseña un plan contra la desprotección de los 'menas' al alcanzar la mayoría de edad

La viceconsejera Lide Amilibia y Jonan Fernández. /EFE
La viceconsejera Lide Amilibia y Jonan Fernández. / EFE

El Gobierno vasco presentará en noviembre un programa de formación para que 250 jóvenes extranjeros inmigrantes puedan acceder a un empleo

MARÍA JOSÉ CARRERO / JOSÉ DOMÍNGUEZ

Los menores extrajeros no acompañados, 'menas', que recalan en Euskadi viven bajo la tutela de las diputaciones. Pero llega un día en que cumplen la mayoría de edad y se convierten en 'jenas' (jóvenes extranjeros no acompañados). ¿Qué pasa con ellos en ese momento? «Es muy importante que el esfuerzo de protección que hacen (las instituciones forales) hasta ese momento no acabe porque han cumplido 18 años. Salen de los centros de protección y quedan en el desamparo. Es preciso protegerlos», recalcaron ayer la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco, Lide Amilibia, y el secretario general de Derechos Humamos y Convivencia, Jonan Fernández.

Detallaron que al cumplir la mayoría de edad, este colectivo vive acogido por diferentes organizaciones sociales. El objetivo ahora es lograr que estos jóvenes se formen para que puedan tener acceso al trabajo. Y es que, de lo contrario, están abocados a vivir a salto de mata, lo que supone que la mayoría se encuentra en situación de desamparo. Para evitar que sea así, el Gobierno vasco pondrá en marcha un «plan integral de inclusión sociolaboral» de esas personas. El programa, que arrancará en noviembre, contempla una «formación completa» durante dos años para que al menos 250 jóvenes puedan tener acceso al mercado de trabajo.

'Share'

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apartados contempla la propuesta 'Share' para fijar el reparto de los migrantes: ingresos fiscales, población y desempleo de las autonomías y municipios.

Reparto según ingresos

Amilibia y Fernández realizaron este anuncio en el transcurso de un encuentro con los periodistas para presentar la 'Estrategia del Gobierno vasco ante los nuevos retos migratorios', un acto en el que también participaron los directores de Política Familiar y Diversidad, Ernesto Sainz, y de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando.

Después de un verano 'caliente' por la llegada a las capitales vascas de numerosos migrantes, muchos en tránsito hacia otros países de Europa, el gabinete de Iñigo Urkullu ve necesario adecuar «a los nuevos tiempos» la respuesta que se debe dar a este fenómeno. Considera, sin embargo, que en el nuevo planteamiento deben implicarse tanto el Gobierno central como la Unión Europea.

Así, el proyecto 'Share', ideado por el Ejecutivo autónomo, se basa en fijar un reparto de migrantes entre los países, comunidades y municipios basado en función de sus ingresos fiscales, su población y su nivel de desempleo. Este documento, bautizado como 'Propuesta Share (Compartir)', será presentado a todos los Estados miembros en el Comité Europeo de las Regiones que se celebrará el 8 y el 10 de octubre en Bruselas y se complementará con una «agenda de trabajo» compartida con el Gobierno central para buscar un proceso regularizado para atender a estas personas.

El objetivo, según Amilibia, pasa por estructurar una respuesta equilibrada «a todos los niveles competenciales» y a todos los tipos de flujos migratorios, desde refugiados a solicitantes de asilo, menores no acompañados o «migrantes económicos». La propuesta vasca pasa por acordar en el ámbito europeo cómo debe distribuirse territorialmente la acogida.

A su juicio, debe sustentarse en tres parámetros. En primer lugar, los ingresos fiscales se valorarían al 50%. Otro 30% del reparto se establecería en función de la propia población de destino del migrante para que exista una proporcionalidad. Y el 20% restante debería fijarse bajo criterios de desempleo, «porque la integración de los migrantes está directamente vinculada a su inserción laboral».

Entre la batería de propuestas dirigidas al Gobierno central y al resto de agentes institucionales y sociales para definir una agenda de trabajo, figura liderar la lucha contra la pobreza y la desigualdad en los países de procedencia, establecer un estándar europeo de procedimiento rápido de asilo y reforzar los recursos consulares para favorcer los permisos de residencia.