Engrasar el Estado

Pero al Ministerio de Función Pública no le preocupa tanto ese relevo, como el de los altos cuerpos, que corresponde a los cargos de mayor responsabilidad dentro de la Administración. Se concentran en el grupo denonimado A1 y se compone de médicos, ingenieros industriales, inspectores de seguros o superiores de vigilancia aduanera. El Gobierno teme no encontrar suficientes aspirantes en el mercado opositor para sustituir a los veteranos salientes. Sus sospechas están más que fundadas. En la convocatoria de empleo público de 2018, apenas lograron cubrir un tercio de las plazas de interventores y auditores del Estado del total de las vacantes ofertadas; en las de ingenieros de minas, aeronáuticos y navales, los resultados también fueron decepcionantes, al quedar cuatro de cada diez puestos libres; y los de inspectores de Hacienda tampoco superaron ese umbral.

Pese a que los A1 son un colectivo minoritario dentro de la plantilla de funcionarios que integran la Administración pública estatal española –constituyen, en concreto, un 15% de los 507.830 efectivos totales–, la necesidad de encontrarles sustitutos es perentoria. Las oleadas de jubilaciones propiciadas por el envejecimiento de la plantilla ya han comenzado. Está previsto que este mismo año, antes de las campanadas desde la Puerta del Sol, 17.449 empleados emprenderán una nueva etapa vital como pensionistas. De ellos, uno de cada cuatro pertenece a las categorías más altas y, por tanto, más complicadas de relevar. Yla cosa no pinta mejor en el futuro inmediato. Según las estimaciones oficiales, en la década que viene saldrán de la Administración el 85% de sus trabajadores 'top' sin que se divise reemplazo para ellos.

Las razones de este déficit varían en función de a quién se pregunte. El Ministerio que dirige en funciones la socialista Meritxell Batet, y que aprobó en marzo una de las mayores ofertas de empleo público de la historia, superior a los 30.844 del año pasado, lo atribuye a que los aspirantes no tienen el nivel de preparación suficiente que exigen esos puestos. Los sindicatos, por su parte, lo achacan a la falta de atractivo de esos cargos debido a su escasa remuneración, la escasez de plazas que se ofertan y el excesivo esfuerzo que exigen unas pruebas de acceso, a su juicio, «desfasadas», lo que desemboca en una estampida hacia el sector privado.

Apremiado por la necesidad de captar talento para volcarlo sobre los grandes despachos del empleo público, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rescatado una iniciativa planteada por el Gabinete Rajoy –y que no puedo poner en marcha debido a la moción de censura que le hizo salir de La Moncloa– para tentar a los universitarios españoles con las bondades de la vida funcionarial. Para ello, ha emprendido una 'gira' por una veintena de campus, centros de enseñanza secundaria e institutos de formación profesional para tratar de seducir a sus estudiantes con las oportunidades laborales que la Administración les puede brindar.

Fedeca, la federación que aglutina a 45 asociaciones de cuerpos superiores de la Administración del Estado, ve con buenos ojos este paso adelante dado por el Gobierno, «ya que muchos jóvenes, en su fase final académica, desconocen que cuentan con esa posibilidad». Pero lo considera claramente insuficiente cuando lo que se pretende es despertar vocaciones que permitan rejuvenecer la maquinaria burocrática española. Para lograrlo, la agrupación cree indispensable emprender en paralelo una profunda modificación del sistema de selección del personal de nuevo ingreso. Lo que reclama, en definitiva, es otro modelo de oposición «menos elitista, de manera que no dificulte el acceso a las personas con menos recursos económicos» y «menos sustentado en la capacidad memorística de los aspirantes», expone Jordi Solé, el presidente de Fedeca.

Solé recuerda, en este sentido, cómo ese tipo pruebas prevalecen en la actualidad en los exámenes de oposición destinados a jueces y fiscales, mientras que en otras, como las correspondientes a inspectores de Hacienda o ingenieros, se han introducido avances en la evaluación de competencias profesionales. «En general, la población percibe que los test utilizados no están dirigidos a medir la competencia de los candidatos, lo que disuade a muchos de opositar», afirma.

Convencida de que el mantenimiento de esta fórmula «lenta y anticuada» de selección de personal se encuentra detrás, en buena medida, de las dificultades del Estado para sustituir a sus trabajadores de mayor rango, Fedeca presentó ayer una batería de propuestas para modificarla. La mayoría de ellas pasan por simplificar y aligerar los procedimientos de ingreso y por introducir nuevas técnicas, como las de aptitud mental, mediante pruebas de razonamiento verbal y numérico «que se han hecho habituales en el Reino Unido o Bélgica por su fiabilidad predictiva en el desempeño de una función determinada».

Solé pide además que también se evalúen las destrezas o competencias de los candidatos a través de «test situacionales o entrevistas estructuradas que permitan medir la capacidad de los aspirantes para el liderazgo, la dirección de equipos, la flexibilidad, la motivación o la creatividad».  Además del cómo, la agrupación cree esencial reformular el qué. Esto es, actualizar los interminables temarios. Aboga, asimismo, por acortar el plazo, de una media de tres años, que dista entre que un opositor resulta seleccionado en una convocatoria pública hasta que toma posesión del cargo.

En el caso hipotético de que el Gobierno se aviniera a reformular todos estos aspectos, aún quedarían muchas cosas por mejorar, en opinión de Fedeca, que demanda un sistema de becas para ayudar a los aspirantes en la costosa preparación de los procesos selectivos o, en su defecto, el acceso a un préstamo cuyos intereses serían financiados por el organismo que convoca los procesos.

Los altos cargos del funcionariado no se olvidan de los tribunales. A fin de que se «profesionalicen», Fedeca propone constituir órganos permanentes de selección, por áreas de actividad administrativa, que insuflen «estabilidad» a estos órganos en su función evaluadora, «como ocurre con el tribunal del Cuerpo Diplomático, cuyo presidente ocupa un puesto específico de la Escuela Diplomática nombrado por libre designación». Solé no concluye su argumentario sin destacar la importancia de mejorar la imparcialidad y especialización de los miembros de esos órganos, para lo que sugiere la creación, «con voluntarios», de bolsas de especialistas clasificados por grupos de titulación y por área de actividad administrativa.