«La DYA está por encima de las personas y el compromiso de los voluntarios sigue intacto»

En la mesa de al lado se sientan Verónica, que lleva 15 años de voluntaria y Esther, una joven que trabaja en el área de recursos humanos de una empresa. Esther lleva casi dos años en la DYA. Se decidió a colaborar porque quería desarrollarse también a nivel personal y vio que podía ayudar aportando sus conocimientos como licenciada en Psicología. Su trabajo es delicado, «pero muy necesario». Verónica y Esther se encargan por ejemplo de atender a los familiares cuando se produce un accidente con víctimas o de tratar de reenganchar a la vida a una persona que pide auxilio en situaciones desesperadas. Lo que tiene claro es que le encanta la sensación que genera haber ayudado a alguien y destaca que, en realidad, la que más gana con el voluntariado es ella misma por todo lo que le «nutre como persona».

Gontzal, Verónica y Esther siguen haciendo su trabajo a pesar de la delicada situación en la que se encuentra la DYA. Y es que la denuncia presentada por la actual junta directiva contra el anterior presidente, Fernando Izagirre -exlíder del PNV en Galdakao, dimitió en marzo de su cargo como director de Emergencias del Gobierno vasco por un supuesto desvío de fondos- cayó como un jarro de agua fría en la sede de la entidad benéfica en Garellano.

Insisten en que «nadie esperaba» que se pudiesen estar cometiendo «tantas irregularidades» como las que se han puesto en conocimiento de la justicia. De hecho, los actuales gestores acusan a Izagirre y otra serie de personas de poner en un grave riesgo la propia supervivencia de la DYA. De hecho, como ya adelantó en exclusiva EL CORREO, la última auditoría revela una situación crítica ya que la entidad cerró el ejercicio de 2021 con un patrimonio neto negativo de 1,3 millones de euros.

El futuro de la DYA dependerá en gran medida de lo que ocurra en los juzgados y de que se pueda llegar a un acuerdo con Eulen, la empresa con la que arrastran una enorme deuda tras la adquisición de Can Padró, la finca de Cataluña dedicada al entrenamiento de cuerpos de seguridad y emergencia.

Andrea sólo tiene 24 años pero lleva seis como voluntaria. Empezó a colaborar durante unas fiestas de Bilbao, después de sacarse el título de técnico en emergencias sanitarias, y aquella sensación le cautivó. Ahora sigue estudiando, pero saca el tiempo que puede para colaborar con la DYA. Como sus compañeros, la crisis por la que atraviesa la entidad le preocupa. Desde que estalló el escándalo la organización ha perdido unos 4.000 benefactores, pero todavía mantiene las aportaciones de unas 40.000 personas en Bizkaia.

Al mismo tiempo, todo lo que ha pasado a Andrea le ha reafirmado en sus convicciones. Porque tiene claro que la esencia de la institución son las personas que donan dinero o dedican su tiempo de forma altruista para ayudar a los demás. Gontzal lo define con otras palabras: «El compromiso de la gente con la DYA sigue intacto. Porque todos sabemos que las siglas están por encima de las personas», resume.

La actual junta directiva está decidida a revertir la situación. Su máxima es ser «escrupulosamente transparentes», que se vea a dónde va cada euro que se ingresa, según explica su presidente, Santiago Gonzalo. Otra de sus claves es -insisten- orientar la organización hacia «la realidad actual» y para ello han puesto en marcha una serie de proyectos. Es decir, la DYA nació para dar respuesta a una necesidad cuando apenas habían ambulancias en las carreteras vizcaínas. Hoy en día ese servicio está profesionalizado, pero siguen habiendo muchas «carencias» en el sistema de protección social en las que la DYA puede ayudar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el área «sociosanitaria», con la atención a las personas de la tercera edad o en riesgo de exclusión social.