Profesores denuncian que una reforma dejará a cientos de alumnos fuera de las aulas para adultos

A estos colegios también acuden extranjeros que se forman para integrarse en el mercado laboral, aunque cada vez hay más retirados –en su mayoría mujeres– que van a clase sólo para enriquecerse tras toda una vida trabajando porque de «jóvenes no tuvieron la oportunidad», explican los docentes. Se trata de un colectivo cada vez más numeroso y que llega a la edad de jubilación en mejor forma, con más inquietudes intelectuales y que hasta ahora tenía «barra libre» de formación.

Educación considera que la EPA debe priorizar a las personas que no pudieron acceder en su día a una titulación. Y que para lo demás, ya existen los centros cívicos o las escuelas de idiomas. Cuando entre en vigor el decreto – fuentes del Gobierno no precisan una fecha porque aún está en fase de elaboración, aunque pretenden publicarlo este mismo año–, se establecerá un mínimo de doce estudiantes por grupo, y las materias que pertenecen a la formación no reglada– tertulias literarias, inglés conversacional, internet para mayores, cursos de preparación de acceso a la Universidad, euskera básico, español para extranjeros– se reducirán «drásticamente, de tal forma que solo tendrían cabida español para extranjeros y cursos de accesos», señalan varios docentes de un centro de la Margen Derecha.

Las horas anuales que cada colegio podrá impartir de este tipo de formación quedarán reducidas al 5% del total de las que se impartan de estudios reglados. Precisamente, cada vez hay menos alumnos que se matriculan en esta modalidad. Han pasado de los 23.948 que había en 2007 en Euskadi a los 11.471 diez años después. De ellos, 5.900 estudiaban en centros vizcaínos. Mientras, 12.625 asistían a clases de formación complementaria, 6.452 de ellos en esta provincia, según el último informe del Consejo Escolar de Euskadi.

Por otro lado, Educación comenzará a limitar a dos años – cuatro convocatorias– la posibilidad de que un mismo alumno se matricule en alguno de los tres ámbitos en los que se divide la formación reglada: comunicación, sociales y científico-tecológico. Los alumnos que quieren sacarse la ESO deben superar la mayoría de las asignaturas, pero muchos solo se matriculan en una de estas ramas porque quieren aprender y no están interesados en un título.

Y ahora, solo podrían ir a clase dos años. Esta limitación ya «se nos hizo saber hace algún curso, pero nunca ha tenido efecto. ¿Y qué hacemos con todos esos alumnos? ¿Que se queden en casa viendo 'Sálvame' o vayan a los bares a echar la partida?», se preguntan los profesores, que explican que la medida afectará de especial forma al colectivo de personas retiradas que van a clase cada día a aprender, por ejemplo, lengua, literatura o una materia específica.

Las primeras voces críticas entre los estudiantes ya se han hecho notar. Se preguntan «si solo podemos educarnos para sacar un título y cuando ya nos hemos jubilado no tenemos derecho a una enseñanza gratuita y de calidad».

Por ello, las asociaciones de alumnos de Sopela, Uribe Kostako Ikasle Helduak, y Erandio, Erandioztarrok Helduen Hezkuntza, entre otras muchas, han presentado ya alegaciones contra el decreto. Solo en Erandio, la norma afectaría al menos a 300 estudiantes. La asociación de alumnos adultos de esta localidad –una de las que registran mayor tasa de estudiantes jubilados– asegura que «se busca una oportunidad para recortar, sin tener en cuenta la tremenda función social que cumple la EPA, pues ayuda a corregir las desigualdades que a nivel cultural existen en la población y fomenta la igualdad de oportunidades».

El colectivo recuerda que «las mujeres son tres cuartas partes del alumnado mayor, y las ayuda a desarrollar una actitud crítica, facilita una ciudadanía activa y da una respuesta eficaz a los desafíos que supone el envejecimiento de la población». Desde Educación se les ha hecho saber que esta formación debería impartirse en equipamientos municipales, pero ellos demandan educación de calidad, «de profesores y no de monitores». Y recuerdan que no todos los ayuntamientos, algunos de ellos sin presupuesto suficiente, están en condición de prestar este servicio.