La comunidades del PP amenazan con dejar en papel mojado la normativa

La llamada 'ley Celaá', aprobada el jueves en el Congreso por una Cámara dividida en dos, nace con serias dificultades para abrirse paso en el mapa de las autonomías. Un día después de que recibiera el visto bueno de los diputados, el Partido Popular amenaza con torpedear su aplicación en los territorios donde gobierna. Los ejecutivos de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia están dispuestos a convertir la norma en papel mojado y blindar la escuela concertada, que se considera perjudicada por las disposiciones del proyecto. Los obispos no claudican y están dispuestos a llevar la Lomloe al Tribunal Constitucional al entender que es muy lesiva con la asignatura de Religión y atenta además contra la libertad de elección de centro educativo.

La nueva ley, que acaba de ser enviada al Senado, afronta su andadura parlamentaria con la amenaza de ser derrotada por la vía de los hechos. Las comunidades y ayuntamientos regidos por los populares están dispuestos a tumbarla mediante órdenes y decretos, además de pedir firmas para su retirada. La oposición irá más allá y recurrirá el texto ante el Tribunal Constitucional al entender que es fruto de la «imposición soberanista».

La norma educativa, la octava de la democracia, regulará la enseñanza de 8,2 millones alumnos no universitarios. «Supone un gran cambio con la actitud del PSOE en otra época, como la de Ángel Gabilondo, quien en su mandato hizo mucho hincapié en la necesidad de conseguir un gran pacto escolar y lo intentó en serio. Lo de ahora es un error, porque la educación es un sector estratégico que requiere la convocatoria de los consejos escolares y de los colegios de doctores y licenciados. Es una ley de partido que supongo que caerá cuando haya un cambio de partido», asegura el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

El proyecto respaldado el jueves sustituye a la Lomce, de 2013, la ley del exministro Juan Ignacio Wert, que tampoco logró concitar adhesiones amplias. Las leyes educativas tardan en ver plasmados su efectos en la vida diaria de los centros; su impacto es gradual y lento, por lo que no cabe incurrir en ni el júbilo triunfalista ni en los discursos apocalípticos. Al menos esa es la opinión de Lucas Gortázar, consultor del Banco Mundial y experto educativo de Esade.