Educación auditará a los centros concertados para evitar «cuotas encubiertas»

Los centros concertados que reciban dinero público deberán acreditar cómo emplean esa financiación a través de auditorías que elaborará el propio Gobierno autonómico. Unas inspecciones que deberán servir para garantizar que esos colegios e institutos cumplen con los parámetros a los que se hayan comprometido para poder recibir esa ayuda económica. Así lo anunció este lunes en el Parlamento vasco el consejero de Educación Jokin Bildarratz: «Un centro privado que recibe dinero público deberá cumplir con los requisitos que se le pidan en materias como vulnerabilidad o igualdad», subrayó. En este sentido, incidió en la necesidad de erradicar «toda práctica abierta o encubierta de cobro» por cuotas de enseñanza.

Esta será una de las primeras 43 medidas que el consejero desgranó en una comparecencia solicitada a petición propia en la Cámara de Vitoria y que se incluyen en el pacto educativo que el Ejecutivo ha negociado con la oposición. Bildarratz aseguró que las primeras auditorías se prevé que se pongan en marcha «para el último cuatrimestre de 2022». Esa fecha coincide con la primera de revisión del programa de refuerzo educativo Hedatze que Educación abrió la semana pasado a la red concertada y que permite, además de acogerse a la jornada continua, la realización de actividades extraescolares gratuitas. Esa manera de proceder se irá extendiendo a medida que se aplique en la futura Ley de Educación.

Para llevar a cabo las auditorías se desarrollará una normativa específica. El objetivo es que los colegios que concierten con la Administración «se sujeten» a los análisis «que se estipulen y a las normas de transparencia contable que permitan asegurar el carácter finalista en el empleo del dinero público y la unificación de criterios, también auditables». Se creará una unidad administrativa que será la que determine las tareas de auditoría económica.

Ante la futura gratuidad del llamado servicio vasco de educación, la primera acción del Departamento será calcular el coste de una plaza escolar para «abordar de manera progresiva una gratuidad efectiva de la enseñanza». Además, los centros concertados adscritos a ese sistema público deberán garantizar que sus actividades serán hechas públicas y dar a conocer «en el Boletín Oficial del País Vasco al menos una vez al año las cantidades aprobadas y sus conceptos», todo ello, «en aras de garantizar la debida transparencia».

Los centros adscristos al servicio vasco de educación estarán formados por la red pública y aquellos concertados que se comprometan a trabajar para que «la escolarización del alumnado sea más heterogénea y en igualdad de condiciones, gratuita y de calidad», manifestó Bildarratz. «Con una visión a medio largo plazo de cara a asegurar una escolarización inclusiva a futuro y, del mismo modo, que dote de los recursos necesarios a los centros que prestan un servicio público de educación».

Bildarratz presentó a los miembros de la comisión de Educación el calendario de actuaciones para los próximos seis años que su Departamento tiene previsto llevar a cabo para poder cumplir lo acordado en el pacto con las fuerzas de la oposición que se suscribió en la Cámara vasca el 7 de abril. En este sentido, han elaborado un cronograma para poner fechas a todas esas medidas que quieren desarrollar y que incluye cuatro grandes áreas: planificación estratégica, gobernaza y participación, equidad y políticas de segregación, y transformación pedagógica.

Entre las prioridades que se marcan desde Educación está la aprobación de un plan estratégico para la escuela pública vasca con el que se promueva acciones encaminadas a mejorar la calidad. No estará listo hasta el segundo trimestre de 2024 y con él buscarán aumentar el valor añadido de la red pública, consolidar las plantillas actuales, crear nuevas figuras educativas, la estabilidad y renovación del profesorado y la mejora de las infraestructuras. Vendrá acompañado de la constitución del consejo de la escuela pública vasca que será el encargado de velar por la defensa de sus intereses.

Otro de los grandes retos de la educación vasca será hacer frente a la segregación, es decir, combatir la existencia de centros que separan a niños y niñas. El Departamento buscará sellar un acuerdo político en octubre del año que viene. Antes, se actualizará este próximo curso la normativa sobre planificación escolar y los centros deberán tener una reserva de plazas para el alumnado vulnerable. La idea es ir «racionalizando la planificación por medio de una oferta ajustada a la demanda», para evitar sobreofertas.

Así la normativa de admisión se modificará, «compaginando la libre elección del centro con la cohesión y la escolarización equilibrada de los centros», apuntó el consejero. «Se han repensando los criterios de baremación», y anunció que fijará una «proporción máxima» de alumnado «vulnerable» por aula. El fin es conseguir que la escolarización de los estudiantes «sea más heterogénea y en igualdad de condiciones, gratuita y de calidad», apuntó.

Es decir, que los colegios públicos no sean los únicos que matriculan a los alumnos con peores condiciones y que estos se 'repartan' también entre los centros concertados. Se renovará después del verano el sexenio sobre conciertos educativos. Debería estar ya acordado, es la norma que distribuye la cantidad de alumnos que corresponde a cada red educativa y. Además se prevé que las Haurreskolak sean gratuitas en el curso 2023-24.

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