Acusan a las monjas de Belorado de estar cobrando la pensión de una compañera fallecida
El arzobispado, que controla las cuentas del convento, ha informado de la presunta irregularidad a la Seguridad Social, pero las religiosas sostienen que solo se recibieron «dos o tres» mensualidades por demora administrativa
Se ha convertido en un lugar común decir que el convento de las clarisas cismáticas de Belorado da para una película, pero quizá haría falta ... una trilogía para abarcar todas las tramas y subtramas de este conflicto, a caballo entre lo doctrinal y lo inmobiliario. Y, aun así, nos resultaría poco creíble un argumento en el que van surgiendo tantas ramificaciones chocantes de géneros cinematográficos tan variados. La última: la Archidiócesis de Burgos, que a raíz de la ruptura de la comunidad con Roma se ocupa de controlar sus cuentas bancarias, afirma que las exclarisas siguen cobrando a día de hoy la pensión de una monja que falleció en abril de 2022, hace dos años y nueve meses. De hecho, ha remitido la documentación del presunto fraude a la Seguridad Social para que cese la prestación y «devolver» el dinero que corresponda. Las religiosas, por su parte, sostienen que esto es solo «un globo sonda» del arzobispado para «dañar la reputación» del monasterio: según su versión, tras la muerte de su compañera se recibieron «dos o tres mensualidades», por pura lentitud en el recorrido administrativo, y después la Seguridad Social «lo reajustó y retiró el dinero».
La noticia se publicó ayer en el 'Diario de Burgos' y, ayer, un portavoz de la Archidiócesis confirmó a este periódico la exactitud de los hechos. A raíz de que la Santa Sede nombrase al arzobispo Mario Iceta comisario pontificio para tratar de solucionar la crisis abierta con el convento, se formó una comisión para administrar las cuentas de la comunidad, de la que dependen los monasterios de Belorado, Orduña y Derio. Sin ninguna colaboración de las monjas, su tarea resulta complicada: «Es un jaleo, porque tenemos que ir un poco a ciegas», admiten fuentes del arzobispado.
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Entre los ingresos, detectaron una entrada mensual de «algo menos de 400 euros», procedente de la Seguridad Social, que no sabían a qué religiosa correspondía: la cosa se complicaba porque las clarisas adoptan un nuevo nombre al entrar al convento, pero el ingreso llegaba, lógicamente, dirigido a una filiación civil que no sabían a quién pertenecía. Tras «consultar archivos del Vaticano», llegaron a la conclusión de que la perceptora de la pensión era una monja procedente del convento de Derio que pasó después al de Belorado y falleció, ya nonagenaria, en abril de 2022. «A día de hoy sigue apareciendo en las cuentas del monasterio. Hemos hecho las gestiones correspondientes para devolver ese dinero», aclaran en la comisión.
Grave y escabroso
«Para publicar algo tan grave y escabroso, habrá que enseñar algún papel», replican desde el convento a través de su responsable externo de prensa, Francisco Canals. Las exclarisas aseguran que, cuando murió su compañera, se dieron todos los pasos establecidos por la ley y se notificó el óbito a la Seguridad Social, que se demoró «dos o tres meses» en retirar la pensión: «Es algo frecuente, porque el recorrido administrativo lleva su tiempo, pero después la Seguridad Social lo reajusta y te lo retira. Así sucedió», insiste Canals a EL CORREO. «No hablamos de monjas medievales: cuando muere una de ellas, hay un acta de defunción y se sigue el protocolo establecido. ¿Cómo vas a engañar a la Seguridad Social? ¡Esa picaresca ya no es posible!», reacciona, además de trasladar el foco hacia las pensiones de «las monjas vivas», las que siguen en el convento: «Tenemos constancia de que algunas continúan ingresándose en las cuentas de la comunidad sin llegar a sus legítimas beneficiarias».
Las religiosas atribuyen personalmente al arzobispo los «ataques constantes» contra ellas. De hecho, las monjas de Nuestra Señora de la Bretonera han demandado al arzobispo y reclamaron que, como medida cautelar, se pusiese fin a su actividad como administrador de las cuentas, una petición que el Juzgado de Briviesca denegó. Las dos partes ni siquiera se ponen de acuerdo a la hora de interpretar el rechazo de aquella medida cautelar. «De esta resolución se infiere la plena legalidad y validez de la inscripción del nombramiento como comisario pontificio», valoró la semana pasada el arzobispado. «Esa resolución dice lo que dice y nada más. Ello no prejuzga la decisión que en su día tome el juzgado sobre el fondo del asunto», objeta el abogado de las monjas, Florentino Aláez Serrano.
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