Amplia mayoría para que el Defensor del Pueblo investigue los abusos en la Iglesia

La iniciativa salió ayer adelante en el Congreso de los Diputados con el voto favorable de casi todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, única fuerza que votó en contra al considerar que el asunto debe abstraerse de la esfera política para ser abordado por los jueces. Por 286 síes, 51 noes y dos abstenciones de UPN, la propuesta de ley del PSOE y el PNV obtuvo un amplio apoyo del pleno de la Cámara baja.

El PP se salió del guión escrito por el mandato de Pablo Casado y secundó la iniciativa a pesar de que los populares son partidarios de que se investiguen todas las agresiones sexuales contra la infancia, y no solo las perpetradas por el clero. Podemos, ERC y EH Bildu se sumaron al acuerdo, y aseguran que el PSOE ha aceptado que la comisión tenga poderes para obligar a los obispos a comparecer. Las fuerzas a la izquierda del PSOE argumentan que los socialistas se han avenido a crear algo parecido a una comisión de la verdad. «Hoy para nosotros es un día importante en la lucha contra la impunidad porque finalmente habrá luz y taquígrafos, no habrá una comisión opaca porque el Congreso tendrá protagonismo y no será un mero parche», aseveró el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. La portavoz de Bildu, Bel Pozueta, se congratuló de que se vaya a «abrir el camino para la reparación, algo que han demandado todas las víctimas».

Según la versión de UP, el Gobierno de coalición alumbrará un marco legal para evitar que la Iglesia católica pueda zafarse de los requerimientos de la comisión. Sin embargo, los socialistas rehúsan que se hable de «comisión de la verdad». La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que lo negociado con Unidas Podemos se limita a que puedan comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso portavoces de las asociaciones, pero no víctimas a título personal, cuyo testimonio será escuchado por los expertos. «La verdad más rigurosa será la que acaben dictando los tribunales mediante sentencias», sentenció Calvo.

Los partidos que apuestan por dotar de facultades especiales a la comisión pretenden que el organismo elabore sus conclusiones en un plazo inferior a un año y que las recomendaciones sean presentadas después por Ángel Gabilondo en la Cámara baja. En cualquier caso, si se apuesta por conceder poderes ejecutivos a la comisión, será necesario aprobar un marco legislativo 'ad hoc'.

UP dice que la cuestión se aclarará la semana que viene, pero Calvo aduce que la propuesta votada no puede cambiar la ley orgánica ya en vigor que regula las funciones del Defensor del Pueblo. Al PNV le sorprendió el «principio de acuerdo» alcanzado por UP, ERC y EH Bildu con el PSOE. Su portavoz, Aitor Esteban, expresó su extrañeza por no haber sido consultado, pese a haber votado a favor de una iniciativa que originalmente han defendido los jeltzales con los socialistas para evitar el 'circo' que se podría montar en una comisión parlamentaria al uso.

Macarena Montesinos, del PP, mostró su desagrado por el rechazo de su propuesta de que se indaguen las agresiones sexuales infantiles acontecidas en el ámbito intrafamiliar, deportivo y escolar. Vox, por su parte, arguye que el Defensor del Pueblo es un órgano inadecuado para estudiar el problema por cuanto sus competencias se ciñen a la fiscalización de la Administración pública. El diputado de la formación ultraderechista José María Sánchez argumentó que la investigación, relativa a «una cuestión de la mayor gravedad moral», debe dirimirse caso por caso en los tribunales. Sánchez confió en que el informe encargado por la Conferencia Episcopal a un despacho de abogados «repare íntegramente a las víctimas».

El mismo día que el Congreso decidía crear la comisión contra la pederastia clerical, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunía con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, para abordar la cuestión. «Es positivo que la Iglesia colabore en la investigación de los abusos. Es bueno para las víctimas, para la sociedad en su conjunto y para la propia Iglesia católica», declaró el ministro a través de un comunicado. La Conferencia Episcopal dará hoy su versión sobre el asunto. En cualquier caso, la jerarquía católica, que dice que colaborará con las instituciones, ha apostado por encargar al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo una auditoría externa para esclarecer el escándalo. El propio episcopado no es ajeno a tensiones internas y criterios discrepantes sobre la oportunidad de someterse al escrutinio. No en balde, algunas voces hablan de «causa general» contra la Iglesia.

Manuel Barbero, de Mans Petites, aseguró que la decisión del Congreso «se aleja de la comisión de la verdad» que pedía la asociación. «Nosotros solicitábamos un órgano similar al creado en Australia, Alemania y Francia. Estoy enfadado e indignado», dice. Barbero, padre de un hijo que fue víctima de abusos sexuales en el colegio Maristas de Les Corts, irá al Parlamento si le convocan a declarar, como hablará también con el despacho de abogados contratado por la Iglesia.