Manuel García-Castellón

Exmagistrado instructor de la Audiencia Nacional

«Vamos hacia una democracia fallida, el Gobierno no respeta principios básicos»

Lo dice alguien que se sintió víctima de una campaña desde poderes del Estado para silenciarle cuando decidió perseguir a Puigdemont por delitos de terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic'. Aunque la causa acabó anulada por un error del juzgado que su extitular encaja con deportividad. Esta actuación contra el líder de Junts llegó en pleno debate sobre la amnistía y la conformación del Ejecutivo gracias a los apoyos parlamentarios de su partido. Una concesión que hoy ha caído en desgracia y que el autor señala como germen de muchos males.

–El libro repasa 30 años de la historia de España a través de sus causas, ¿tenía la necesidad de hablar más allá de sus autos?

–Realmente no tenía mucha intención ni había pensado en ello, pero me vi arrastrado y al final creo que ha sido un buen momento. He vivido acontecimientos históricos que ahora he querido transmitir a la sociedad para que tengan una visión completa, porque se han contado muchas mentiras. Además, considero grave la situación que vivimos. Hoy la democracia está en peligro porque se busca atacar la credibilidad de los contrapesos al poder político.

–¿La aprobación de ley de amnistía sirvió de gasolina para agravar este escenario?

–Fue una auténtica barbaridad. La democracia no es votar cada cuatro años. Eso es muy fácil, depositas tu voto, te han engañado y ahí te quedas. La democracia se hace cada día, son las decisiones políticas y sus consecuencias. ¿Cómo puede ser que el Gobierno no respete los principios básicos cuando es sometido a control en las Cortes, contestar a lo que se le pregunta y no decir 'y tú más'? Esto es desgraciadamente una democracia que empieza a ser fallida...¡Y menos mal que estamos en Europa, menos mal!

–De sus palabras subyace un panorama bastante apocalíptico...

–Es que están pasando cosas que hay que denunciarlas. Los ataques a los jueces, las presiones, el intento de minar la independencia con un anteproyecto de ley que entrega la instrucción las causas penales a lo fiscales en el peor momento histórico para hacerlo o decisiones de la cúpula del Ministerio Público incomprensibles en muchos casos, actuando como un apéndice del Gobierno.

–Y en todo este maremágnum judicial el próximo lunes comienza el juicio al fiscal general...

–Estamos ante una situación inédita que hace daño a dos partes: al propio fiscal general, al que yo en el aspecto personal tengo el máximo aprecio, pues es una gran persona, y a la Fiscalía como institución. Está poniendo en una situación muy difícil a sus subordinados, que son todos naturalmente, porque se van a encontrar a un tribunal haciendo preguntas a su jefe, que tendría que haber dejado el puesto. También se hace daño al propio sistema político, por así decirlo, porque de pasada se está cuestionando de una forma demasiado grosera la actitud del Tribunal Supremo cuando la decisión de ir a juicio está motivada por un instructor y una sala.

–Recuerdo una conversación con un destacado magistrado a quien le pregunté si había recibido presiones a lo largo de su carrera y me contestó que de forma indirecta sí. ¿Se siente identificado?

– Naturalmente que sí, claro, sí, sí. Los poderes son poderes y no quieren que se les toque. Con 'Tsunami Democràtic' me vi muy solo con todo el aparato del Estado en contra: la Abogacía del Estado, la Fiscalía General, el partido en el Gobierno... Me hace mucha gracia cuando te acusan de 'lawfare' porque en realidad te están llamando prevaricador (el exjuez reclama 350.000 euros a la secretaria general de Podemos Ione Belarra por injurias y calumnias en una segunda demanda tras la inadmisión del Tribunal Supremo ).

–A usted le señalan por interferir en determinados momentos políticos con sus resoluciones.

–Cuando llevé los casos Púnica o Lezo (corrupción en el seno del PP) a nadie le pareció mal que imputara a dos expresidentes de la Comunidad de Madrid a 15 días de empezar una campaña electoral. Naturalmente que estoy en el mundo y además uno de mis defectos es que leo mucho. Pero no me importa. Creo en la justicia con la venda en los ojos, la que no se puede adaptar a los tiempos de las personas. Pero hagas lo que hagas te van a zurrar igual.

–Sin ir más lejos usted llevó a juicio la operación Kitchen', pieza separada del 'caso Villarejo'.

–Y otras más, pero no les parece importar. Cloacas ha habido al menos desde que yo empecé mi segunda etapa en la Audiencia tras pasar 17 años de juez de enlace en París y en Roma. Sobre el 'caso Villarejo', abrí 47 piezas y solo se va a conocer el 1% de todo. Quiero agradecer el trabajo de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa. Son sabios, ponderados y me ayudaron muchísimo.

–Stampa precisamente ha denunciado una campaña orquestada por la exmilitante socialista Leire Díez para buscar trapos sucios en la Fiscalía Anticorrupción a cambio de supuestos favores.

–Esto sí que son cloacas, pero de verdad. Cuando lees este tipo de informaciones de personas que vienen de parte de un partido y hacen estos trabajos o después de ver aquel vídeo donde una serie de personas maquinan sobre cómo destruir con información al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, a otros fiscales o a mí es terrible. Me voy a personar como perjudicado en esta causa.

–Entonces ha decidido regresar a la exposición pública...

–Es que es un asunto lo suficientemente grave como para que las personas que han sido supuestamente objeto de esta atención sepan al menos qué ha ocurrido.

–Vivió en primera persona la investigación de la desaparición de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. ¿Lamenta no haber llegado a tiempo?

–Se hizo todo lo que se pudo y más. Estuve allí desde el primer momento, fui a visitar a los padres a su casa, ordené difundir la fotografía de Miguel Ángel Blanco y montamos un centro operativo en la sede central de la Ertzaintza en Deusto. Desde allí se redirigieron todas las llamadas que se recibían de personas que creían tener alguna pista, lo que llevó a adoptar decisiones de entradas y registros. Desgraciadamente no llegamos a tiempo porque la dirección de ETA, unos sociópatas, había tomado antes la decisión de asesinarle e iba a ser una lección para el resto del Estado.

–En el libro señala la insuficiente respuesta del CGPJ a los ataques a los jueces, un gobierno de los jueces que ha vuelto a dinamitarse solo un año después de su desbloqueo.

–La situación probablemente político judicial en la que estamos sumidos también se proyecta en el Consejo. No es que sea de ahora, sino cuando se hizo la reforma por parte del Gobierno de Felipe González en 1985 (se cambió el sistema de nombramiento de los vocales, dando más peso a la representación del Parlamento). Digamos que ahí empezaron los problemas. Y ha sido ya el paradigma de todos los males lo que ha pasado el otro día precisamente donde un partido político pide la dimisión de un vocal que se ha atrevido a votar según su conciencia y no según las directrices del partido político o cercano al partido político que lo nombró.

–¿Qué cambiaría entonces?

–El sistema de elección no puede continuar como está, metiendo los partidos políticos sus manos, pero tampoco puede quedar al albur de las asociaciones judiciales. Tiene que ser como debía ser, como yo creo que estableció la Constitución como un modelo mixto, es decir, por una parte deben votar todos los jueces de España, que los habrá de derechas, de izquierdas o de centro, me da exactamente igual, pero no solo los jueces asociados ni los que están dirigidos por las asociaciones, porque estos colectivos profesionales que solo representan a mitad de la carrera no dejan de ser un sindicato de intereses.