Urkullu mantiene la incógnita sobre la suspensión del 5-A

Todo sigue igual. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado esta mañana que siguen analizando la posibilidad de suspender de las elecciones autonómicas previstas para el 5 de abril como consecuencia de la grave crisis sanitaria. La situación, legalmente, no es nada sencilla ya que existe un vacío que dificulta la toma de decisiones al respecto. Ni los propios expertos se ponen de acuerdo sobre cómo actuar en una situación tan excepcional.

«Los servicios jurídicos están analizando qué puede pasar. He convocado a los líderes políticos el lunes para analizar la situación. Nuestra pretensión es escuchar y analizar que puede pasar en esta situación nueva. Si es que está en nuestras manos poder hacerlo. En todo caso, cualquier decisión se tomará en común acuerdo con el resto de instituciones afectadas», ha señalado.

Quizá el único común denominador de gran parte de los juristas es recurrir al Estado de alarma como resquicio legal más viable para poder aplazar los comicios. Se trata de una decisión para nada sencilla que debería tomar el Gobierno central. El jueves, el presidente, Pedro Sánchez, se pronunció por primera vez al respecto y dejó la puerta abierta a su aprobación. En realidad, contestó a la gallega, cubriéndose las espaldas sabedor de que en este escenario de crisis, hablar de certezas es hacerlo de un imposible. «La situación actual es dinámica, no es estática. Este Gobierno tomará las decisiones que hagan falta en coordinación con las comunidades autonómas. Pero en la actualidad, el nivel es suficiente», zanjó tras la celebración del Consejo de Ministros.

No es ni un 'sí' ni un 'no', sino de un quizá que no saca a nadie de dudas en un momento en el que tiempo apremia. A las doce de la noche del jueves que viene comienza la campaña electoral y la toma de decisiones no puede demorarse en exceso. Todo lo contrario. Quizá mañana, durante la videoconferencia que Sánchez mantendrá con los presidentes autonómicos, puede encontrarse algo de luz al dilema.

¿Se pueden celebrar unas elecciones en un escenario de alerta sanitaria, restricciones de movimientos y riesgo para la salud de miles de potenciales votantes? El miércoles por la tarde, se reunió en el Parlamento vasco la Junta Electoral presidida por Juan Luis Ibarra para comenzar a abordar esta situación a raíz de las consultadas realizadas por el propio Gobierno vasco. Ibarra advirtió de que la Junta Electoral no es competente y devolvió la pelota al poder ejecutivo y legislativo. En la reunión, eso sí, algunos juristas hablaron de la declaración del estado de alarma como la vía más factible que permita una potencial suspensión.

Enredo con el decreto ley

Es un precepto recogido en la Constitución que da amplios poderes al Ejecutivo y que ya se usó una vez: a finales de 2010 con la huelga de controladores aéreos. Estuvo en vigor más de un mes. En todo caso, en declaraciones a los medios y tras concluir la reunión, el propio Ibarra quiso dejar claro que «no hay ninguna norma» que habilite a la Junta Electoral del País Vasco a decidir la suspensión de las elecciones. Admitió que existe una «laguna jurídica», y aunque sin mencionar de forma expresa el Estado de alarma sí recalcó que hoy en día ese vacío se puede «rellenar» con normas que sí existen y que habría que adaptar por primera vez a este caso.

Es verdad que la Constitución contempla la activación del Estado de alarma a través de un decreto ley en cuestiones de «crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves». Tan verdad como que la Carta Magna prohíbe recurrir a los decretos leyes para modificar la normativa electoral (artículo 86.1). ¿Entonces? He aquí el dilema y el «vacío legal» del que están advirtiendo numerosos juristas. Lo que está claro es que la situación que se vive en Euskadi y en Galicia será el precedente para escenarios similares en futuros años, de ahí la necesidad de actuar con la máxima diligencia.