«Sin sentencia no se puede decir que hay torturas»

El estudio, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, no tardó en levantar una polvareda política. Salvo EH Bildu, todos los partidos, incluido el PSE, socio del PNV en el Ejecutivo, criticaron sin ambages las conclusiones del informe por «extender la falsa idea de que en Euskadi ha existido una tortura generalizada». El dossier cifra en 4.113 las denuncias -sin entrar en detalles- por este delito entre 1960 y 2014, aunque solo existe una veintena de condenas en los tribunales de justicia. Atribuye 336 casos a actuaciones de la Ertzaintza. El propio Gobierno vasco optó por marcar distancias con el informe. Un día después de salir a la luz, su portavoz, Josu Erkoreka, no se atrevió a asumir que la cifra de posibles casos de torturas sea la real. «Son víctimas potenciales», se limitó a afirmar.

«Sin sentencia no puede decirse que ha habido torturas, la existencia de ese delito la marcan los jueces». En esta declaración coinciden tanto el presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, como los de Bizkaia y Álava, Manuel Ayo y Mercedes Guerrero, respectivamente. Ayo considera que la diferencia que existe entre el número de denuncias por torturas que recoge el informe encargado por el Gobierno vasco y el número de sentencias es «desproporcionada», pero no lo ve como algo «extraño». Ahora bien, rechaza tajantemente que se pueda acusar a los jueces de no haber investigado lo suficiente. «Eso no es cierto. El Tribunal Constitucional, a través de diferentes resoluciones, ha dejado claro que existe una voluntad clara de perseguir estos hechos», defiende.

«El problema es que un delito de estas características es difícil de acreditar», lo que provoca que «muchos casos acaben en sobreseimientos», prosigue el presidente vizcaíno. «En ocasiones no hay plasmación de las lesiones en informes médicos y existen problemas a la hora de identificar a los posibles autores», explica. «Quienes lo cometen intentan hacerlo desde el más absoluto secretismo y siempre pensando en que no haya indicios», añade su homóloga alavesa, Mercedes Guerrero. «Un tribunal no puede dar credibilidad a las denuncias si no se acreditan». «Ahora bien -matiza Ayo- tampoco todas las denuncias tienen fundamento real».

La Audiencia Provincial de Bizkaia acogió el pasado mes de abril el último juicio por presuntas torturas. El tribunal absolvió a cuatro guardias civiles que habían sido acusados de malos tratos y agresión sexual por la exmiembro de Ekin -considerado brazo político de ETA- Sandra Barrenetxea durante su detención en 2010. Estimó que los hechos no habían quedado «suficientemente acreditados». A uno de los jueces que componían dicho tribunal «se le criticó duramente desde el mundo abertzale», recuerda Mercedes Guerrero. «Pero hay que recordar que ese mismo compañero había absuelto antes a ciertas personas por temas relacionados con ETA. Los jueces actuamos con independencia y movidos siempre por criterios técnicos», subraya la presidenta alavesa.

«El régimen de incomunicación» dificulta «nuestra tarea», pero también la «estrategia que abanderaron sectores relevantes de ETA, quienes ordenaron denunciar sistemáticamente haber sufrido torturas», explica Iñaki Subijana. «El elemento clave para constatar mala práctica es que exista una pasividad en la investigación. Cuando existe una denuncia, hay que realizar un primer examen de los hechos. Puede que se quede en nada, pero lo importante es que no haya una inactividad», remarca.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España hasta seis veces desde 2010 por no investigar las denuncias de torturas formuladas por ciudadanos que habían sido detenidos bajo acusaciones de pertenencia o colaboración con ETA. «En esos casos se puede decir que no se investigó lo suficiente, pero generalizar... No tomo como premisa que aquí haya habido una ocultación sistemática de información», puntualiza, en alusión al papel de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Subijana habla desde la experiencia. Fue el presidente del tribunal que condenó en 2010 a cuatro guardias civiles por torturar a los etarras que colocaron la bomba en la T-4 de Barajas, Igor Portu y Mattin Sarasola. Un año después, el Tribunal Supremo decidió absolverles.

El equipo de investigadores encargado del informe, que ha estado liderado por forense Francisco Etxeberria, sometió a 202 denunciantes al protocolo de Estambul de la ONU, que establece una serie de estándares internacionales para calibrar la verosimilitud de sus declaraciones. Según el estudio, el 11% de los relatos tienen «máxima consistencia», el 46% son «muy consistentes», el 41% «consistentes» y el 2% son «inconsistentes».

«Este tipo de análisis permiten sacar fuera lo no fiable, lo fabulado, pero no significa que las denuncias sean ciertas», puntualiza el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana. «En este tipo de delitos penales, la presunción de inocencia es muy fuerte y quienes determinan si hay o no tortura, en base a todas las pruebas, son siempre los jueces. No todo lo fiable es cierto».