Sánchez no descarta decretar el estado de alarma, la vía para suspender el 5-A

España vive una situación inédita, excepcional, que adquiere tintes aún más épicos en lo referido a Euskadi, donde están previstas unas elecciones autonómicas el 5 de abril que a día de hoy siguen convocadas pero que nadie es capaz de asegurar si finalmente se van a celebrar dada la situación de emergencia sanitaria motivada por el coronavirus. La lógica sugiere un aplazamiento pero la política, sin embargo, no es tan contundente dado el vacío legal que existe en el Derecho español para regular una situación de estas características.

Quizá el único común denominador de gran parte de los juristas es recurrir al Estado de alarma como resquicio legal más viable para poder aplazar los comicios. Se trata de una decisión para nada sencilla que debería tomar el Gobierno central. Ayer, el presidente, Pedro Sánchez, se pronunció por primera vez al respecto y dejó la puerta abierta a su aprobación. En realidad, contestó a la gallega, cubriéndose las espaldas sabedor de que en este escenario de crisis, hablar de certezas es hacerlo de un imposible. «La situación actual es dinámica, no es estática. Este Gobierno tomará las decisiones que hagan falta en coordinación con las comunidades autonómas. Pero en la actualidad, el nivel es suficiente»; zanjó tras la celebración del Consejo de Ministros.

No es ni un 'sí' ni un 'no', sino de un quizá que no saca a nadie de dudas en un momento en el que tiempo apremia. A las doce de la noche del jueves que viene comienza la campaña electoral y la toma de decisiones no puede demorarse en exceso. Todo lo contrario. Quizá mañana, durante la videoconferencia que Sánchez mantendrá con los presidentes autonómicos, puede encontrarse algo de luz al dilema.

¿Se pueden celebrar unas elecciones en un escenario de alerta sanitaria, restricciones de movimientos y riesgo para la salud de miles de potenciales votantes? El miércoles por la tarde, se reunió en el Parlamento vasco la Junta Electoral presidida por Juna Luis Ibarra para comenzar a abordar esta situación a raíz de las consultadas realizadas por el propio Gobierno vasco. Ibarra advirtió de que la Junta Electoral no es competente y devolvió la pelota al poder ejecutivo y legislativo. En la reunión, eso sí, algunos juristas hablaron de la declaración del estado de alarma como la vía más factible que permita una potencial suspensión.

Es un precepto recogido en la Constitución que da amplios poderes al Ejecutivo y que ya se usó una vez: a finales de 2010 con la huelga de controladores aéreos. Estuvo en vigor más de un mes. En todo caso, en declaraciones a los medios y tras concluir la reunión, el propio Ibarra quiso dejar claro que «no hay ninguna norma» que habilite a la Junta Electoral del País Vasco a decidir la suspensión de las elecciones. Admitió que existe una «laguna jurídica», y aunque sin mencionar de forma expresa el Estado de alarma sí recalcó que hoy en día ese vacío se puede «rellenar» con normas que sí existen y que habría que adaptar por primera vez a este caso.

Es verdad que la Constitución contempla la activación del Estado de alarma a través de un decreto ley en cuestiones de «crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves». Tan verdad como que la Carta Magna prohíbe recurrir a los decretos leyes para modificar la normativa electoral (artículo 86.1). ¿Entonces? He aquí el dilema y el «vacío legal» del que están advirtiendo numerosos juristas. Lo que está claro es que la situación que se vive en Euskadi y en Galicia será el precedente para escenarios similares en futuros años, de ahí la necesidad de actuar con la máxima diligencia.