Sánchez ha acercado a 32 presos de ETA y concedido 28 segundos grados en año y medio
24 de reclusos han quedado en libertad y una decena han sido condenados, según el Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT
Desde que en junio de 2018 Pedro Sánchez llegara a La Moncloa y defendiera un cambio en la política penitenciaria, mucho se ha hablado sobre ... esta cuestión. Si desde la izquierda abertzale la apuesta del Gobierno central por los acercamientos de presos de ETA es «insuficiente», para partidos como PP y Ciudadanos cualquier movimiento es visto como un «beneficio» para los reclusos de la banda terrorista. Pero, ¿cuál es la realidad de la política llevada a cabo durante la breve legislatura socialista? Mejor remitirse a las cifras oficiales. Y éstas dicen que el Ejecutivo de Sánchez ha trasladado a cárceles próximas a Euskadi a 32 presos de ETA y ha concedido, al menos, 28 segundos grados. Un total de 24 han sido puestos en libertad, en su mayoría por cumplimiento de condena -dos por enfermedad grave-. Cabe señalar también que una decena de miembros de ETA han ingresado en la cárcel, de los que siete fueron entregados por Francia.
El grueso de los datos han sido facilitados a la AVT por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y se recogen en el Observatorio de Política Penitenciaria del último boletín de la asociación de víctimas. Cuando Sánchez fue investido como presidente, el número de reclusos de ETA que se hallaban en prisión era de 233. En la actualidad, la cifra es de 221, de los que el 85% son hombres. La tendencia a la baja será una constante a corto plazo. A alrededor de setenta presos les quedarían menos de cinco años para terminar sus condenas y de ellos, a una veintena, menos de dos. El último en quedar en libertad ha sido Jon López Gómez, que dejó la prisión de Zuera el pasado viernes tras cumplir quince años de condena. Fue autor de varios actos de kale borroka. El más importante, el incendio de un autobús en Basauri en 1996, en el que viajaban varias personas.
Al menos 28 internos de la banda han progresado a segundo grado, buena parte de ellos entre los meses de febrero y abril. Instituciones Penitenciarias decidió entonces dar un arreón a la concesión de esta calificación. Si en verano de 2018 eran 28 los reclusos de la banda que se encontraban en segundo grado -203 estaban en primero, el más restrictivo-, a principios de marzo la cifra ascendía ya a 48. Es decir, veinte más. A día de hoy son 56. Según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT, no habría ningún preso de ETA en tercer grado. Los últimos en tener esta calificación fueron Kepa Pikabea y Aitor Bores, ya en libertad.
El grado en el que se encuentran los presos afecta a una cuestión clave: la eventual libertad condicional. Solo los internos que están en tercero pueden acceder a ella. Los reclusos que se hallan en primer grado solo pueden salir a la calle por licenciamiento definitivo o por excepciones, como una enfermedad grave. Mientras que el segundo se corresponde con el régimen ordinario, lo que suaviza su situación dentro de la cárcel y les permite trabajar en el economato. Asimismo, su expediente podrá ser revisado de manera individual para valorar su posible traslado de centro y su aproximación a Euskadi.
Dos alejamientos
Una de las primeras medidas que anunció el Ejecutivo fue su intención de modificar su política respecto a los presos de ETA. Fue en agosto de 2018 cuando se hizo efectivo el primer movimiento, heredado del Gobierno de Rajoy. No fue un acercamiento al uso, sino hacer efectivos dos terceros grados, con el consiguiente traslado de los internos a la prisión de Basauri, donde terminarían de cumplir sus condenas en régimen abierto.
A mediados de septiembre del año pasado se produjeron ya los dos primeros acercamientos: Marta Igarriz, condenada por tenencia de explosivos, y Kepa Arronategi, que formó parte del comando que asesinó al ertzaina Txema Agirre. La lista aumentó en los meses posteriores, hasta llegar a los 32 -se incluye el traslado de Moreno y los movimientos por razones organizativas de Sergio Polo, Iñigo Gutiérrez, María Lizarraga y Ekaitz Samaniego-. Fue en diciembre cuando se produjo el último acercamiento. José María Arregi Erostarbe, 'Fitipaldi', condenado a más de mil años -30 de cumplimiento efectivo- por su participación en varios atentados con víctimas mortales, fue trasladado de la prisión de Alicante II a Asturias.
A los acercamientos se suman dos alejamientos, los de Arantza Zulueta y Jon Enparantza. A Valencia y Madrid.
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