Podemos salva la reforma fiscal de PNV y PSE con un acuerdo que penaliza a las rentas altas y a las grandes empresas

El acuerdo 'in extremis' pone fin a un tortuoso proceso de negociaciones que por momentos pareció abocado al fracaso. PNV y PSE-EE necesitaban el aval de al menos un grupo de la oposición en Álava y Gipuzkoa, donde no disponen de mayoría absoluta, y esa condición hipotecaba también la iniciativa en Bizkaia, ya que la reforma persigue la armonización fiscal entre los tres territorios. Y la búsqueda de ese socio, que en un principio se antojaba sencilla por lo atractivo y popular de las medidas planteadas, se fue enredando entre vetos cruzados y giros de los acontecimientos hasta llegar a un punto de difícil retorno.

Si el nudo ha quedado resuelto ahora es porque, de una u otra manera, han cedido quienes más contribuyeron antes al embrollo. Por un lado, el propio Podemos, que tras la operación fallida con el primer preacuerdo y deseoso de protagonismo político, se aviene a pactar una reforma fiscal con el mismo PNV al que llamó «cachorrillo de Repsol» por su rechazo al gravamen a las energéticas. Lo hace, además, 'olvidándose' de un principio fundacional como el de consultar las decisiones a las bases, algo que su coordinador general, Richar Vaquero, se comprometió a volver a hacer si se daba un nuevo entendimiento y que este jueves ha descartado escudándose en la «falta de tiempo».

Pero también cede el PNV, siempre crítico con el modelo económico de los morados. Los jeltzales se habían plantado hace apenas una semana y aseguraban que el primer preacuerdo con Podemos era «el punto de llegada», su techo en la negociación. Sin embargo, el pacto final demuestra que sí quedaba margen para buscar un acuerdo aún más a la izquierda. Un movimiento que, a su vez, satisface sobremanera al PSE-EE, empeñado en espantar al PP de toda ecuación política y que se lleva ahora el gato al agua al conseguir arrastrar al socio mayoritario de la coalición a una reforma fiscal de corte progresista tras haber pactado las dos anteriores (2014 y 2018) con los populares.

El proyecto «gira a la izquierda», según se ha congratulado Vaquero en una comparecencia convocada de urgencia, porque cumple en líneas generales con la filosofía fiscal de la izquierda: castiga a las rentas altas y a las grandes empresas para ayudar a los colectivos más vulnerables. Y es que no sólo se eleva de 14.000 a 20.000 euros el límite exento para presentar la declaración de la renta, algo que beneficiará a 342.499 personas en Euskadi, sino que «por primera vez» podrán recibir hasta un 35% de lo abonado en concepto de alquiler aun no tributando el IRPF.

Los castigos para contribuyentes con mayor renta llegan principalmente en dos terrenos: vivienda y planes de previsión. Quienes tengan una base liquidable mayor a 68.000 euros no podrán deducirse la compra o alquiler de un piso en caso de nueva adquisición o contrato; es decir, quienes ya se están beneficiando ahora podrán seguir haciéndolo. Respecto a las EPSV, la reforma supone aumentar la tributación en los rescates en forma de capital en la base general, pasando del 60-40 al 70-30, y limita el importe de reducción conjunta, de los actuales 12.000 euros se pasa a 10.000.

El pacto con Podemos, además, toca el Impuesto de Sociedades, que hasta ahora había quedado fuera de la reforma. En concreto, se eleva del 17% al 19% el mínimo efectivo «para las grandes empresas que no mantengan ni creen empleo, ni realicen inversiones» y se sube del 24% al 28% el tipo para compañías que obtengan beneficios extraordinarios «a partir del 35% de la media de los tres ejercicios anteriores».