El PNV admite que el índice que quiere eliminar no ha sido clave en las sentencias del euskera

En su preámbulo, el PNV defiende que la eliminación de esa tasa «no quiebra ningún acuerdo político previo», pese a que su aplicación quedó revalidada en un decreto pactado con el PSE-EE en 2024, cuando ya había multitud de sentencias encima de la mesa. Para la formación nacionalista, la tasa ha podido convertirse en un «mecanismo demasiado oscuro» a ojos de los jueces. Incluso dice que son «discutibles» los datos con los que se calcula, extraídos de las encuestas sociolingüísticas que elabora el Gobierno vasco.

Pero sin duda lo más llamativo de la defensa de esta iniciativa, destinada según el PNV a incrementar la «seguridad jurídica» frente a la «ofensiva judicial contra el euskera», es que reconoce que ese indicador no ha sido el motivo de los fallos contrarios: «La gestión hasta el presente del índice de obligado cumplimiento no ha sido excesivamente determinante de la jurisprudencia negativa, en tanto que dicho instrumento no ha recibido reproche constitucional alguno».

La iniciativa fue admitida a trámite a principios de este mes gracias a los votos de PNV y EH Bildu, si bien la coalición soberanista la estima «insuficiente». Los jeltzales facilitaron a cambio la del grupo de Pello Otxandiano, a la que emitió un criterio desfavorable desde el Gobierno vasco. Ambos textos se debatirán a lo largo de las próximas semanas y los grupos ya han propuesto a los expertos que desean que comparezcan en la ponencia.