El PP pide la dimisión de Urkullu por «mentir» y «permitir la corrupción» en el 'caso De Miguel'

«Mienten», ha repetido en varias ocasiones Oyarzábal. «Lo que aquí había era una trama de corrupción en el seno del PNV en la que estaban implicados prácticamente la totalidad del aparato y la dirección del partido (...). Crearon una red clientelar de apoyo a sus siglas», ha denunciado en una rueda de prensa muy dura.

Oyarzábal ha exigido a Urkullu, que en el momento de los hechos sentenciados era el presidente del EBB, que presente su dimisión «hoy mismo» por «mentir» y por ser negligente y «permitir prácticas corruptas». «Si fuera coherente con las exigencias que ha planteado otras veces (en referencia a la moción de censura contra Rajoy por la corrupción), tendría que marcharse», ha afirmado. Además, ha calificado como «vergüenza» la actitud del PSE, socio del PNV en las instituciones, tras la sentencia y la ausencia de crítica alguna contra los jeltzales. «Son sus monaguillos», ha llegado a asegurar.

Según el PP, la sentencia del 'caso De Miguel' confirma un «modus operandi» del aparato del PNV en Álava, que durante años «cobró comisiones» a cambio de contrataciones y recalificaciones ilegales para «beneficio» de la formación nacionalista. Los populares denuncian que estos «chiringuitos» del PNV eran vox populi en Álava y que si nadie lo denunció antes fue porque era una «práctica habitual» que todos daban por buena.

Oyarzábal también ha puesto el foco en las ramificaciones del caso en Bizkaia y «en el aparato del PNV vizcaíno» y ha destacado que uno de los condenados a penas de prisión es el marido de Josune Gorospe, exparlamentaria vasca y actual diputada en Madrid por Bizkaia. De ahí que haya dejado caer que las actuaciones irregulares que se daban en Álava también podrían haberse dado en los otros dos territorios vascos, incluida también Gipuzkoa.

Tanto Ortuzar como Urkullu negaron ayer que su partido estuviera involucrado como tal en las actividades delictivas descubiertas. Pero el PP vasco, como ya hiciera ayer, mantiene que todo lo ocurrido era para «beneficio de inventario» del PNV, que no ha sido procesado como tal en el 'caso De Miguel' porque jurídicamente no se podía actuar contra una formación política. «Miente Urkullu cuando dice que la sentencia exculpa al PNV. Si no le cita es porque en el momento de los hechos no estaba prevista la responsabilidad penal de las personas físicas ni el delito de financiación ilegal de los partidos. La ley se cambió en 2010. Hoy, el PNV no sólo estaría imputado, también condenado», ha argumentado.

La sospecha de los populares, así lo ha dejado entrever Oyarzábal, es que el dinero que la trama 'De Miguel' logró recaudar de forma ilegal sirvió para financiar al PNV en Álava. En concreto, ha puesto como ejemplo la compra de la actual sede de los jeltzales en Vitoria –un edificio en plena plaza de la Virgen Blanca–, operación realizada por una sociedad constituida por el propio Alfredo de Miguel y por la que «se dice que se pagó 6 millones de euros» y cuya reforma fue ejecutada por una empresa «relacionada» con el caso. «¿Dónde está el dinero? Los condenados dicen que no se lo llevaron a casa, así que ¿dónde está? El PNV de Álava tiene que dar aún muchas explicaciones», ha denunciado el dirigente del PP vasco.