La oposición critica que haya más carteras mientras «se quitan camas de hospital»

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, criticó que «se multiplican los coches oficiales», mientras «se quitan camas de los hospitales», en referencia a los cierres y recortes de horarios en cientos de ambulatorios y puntos de salud durante el verano. «El Gobierno vasco debe hacer un trabajo de austeridad y destinar el dinero realmente a aquello que merece la pena que son los servicios públicos», señaló.

Fuentes de Sumar mostraron su «decepción» por no tener un departamento de Igualdad. «Es una oportunidad perdida», señalaron, tras criticar «la apuesta por un modelo continuista que va a seguir arrastrando problemas como el acceso a la vivienda, el deterioro de Osakidetza y la apuesta por el modelo concertado en la enseñanza». Y Vox censuró el tamaño de «un Gobierno injustificadamente extenso». «La sociedad vasca no necesita un Ejecutivo así», indicaron portavoces oficiales, que también cargaron contra Pradales por ser «un dirigente nacionalista alejado de la realidad social».

Los socios de Gobierno se revolvieron contra estas críticas. El secretario general del PSE-EE en el Parlamento vasco, Ekain Rico, insistió en que «hay retos tan importantes que eran necesarias áreas separadas», que antes estaban unidas en varios macrodepartamentos. Por su parte, el portavoz jeltzale en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, aseguró que el hecho de que haya más consejeros «no quiere decir que haya más cargos de designación». Antxustegi ensalzó el «liderazgo» de Imanol Pradales y señaló como objetivos principales «ser capaces de volver a poner en pie Osakidetza, reforzar los servicios sanitarios, atender a las demandas del primer sector y volver a recuperar el liderazgo económico financiero».

En relación al ofrecimiento del líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, de alcanzar acuerdos «de país» en cuestiones como el autogobierno, el portavoz jeltzale confió en que sea un ofrecimiento «sincero». «Lo recibimos con los brazos abiertos, pero nos gustaría que se lleve a cabo con hechos y no con palabras», enfatizó.

Por otro lado, la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, Sare, apremió ayer al nuevo Gobierno a «continuar implementando de manera diligente el itinerario de reintegración social» de los reclusos; es decir, a mantener la concesión de terceros grados. El interlocutor ahora será distinto, toda vez que el departamento de Justicia, que engloba Prisiones, está ahora en manos del PSE.

«La vida de estas personas no puede quedar al albur de tribunales de justicia ubicados a más de 400 kilómetros de distancia», señaló la plataforma, en referencia a la Audiencia Nacional, que ha tumbado varios permisos a presos de la banda. «Es hora de que esa competencia pase a depender de los juzgados de proximidad». En el décimo aniversario de su fundación, Sare celebra que se esté «en la recta final» para que los presos de ETA «vuelvan a casa».