Montero sitúa ya a mediados de febrero la presentación de los Presupuestos
La vicepresidenta primera da por sentado que será difícil aprobarlos pero apunta a que, dado que Sánchez no tiene intención de adelantar las elecciones, podría hacer un nuevo intento más adelante si Junts cambia de postura
Nueva patada al balón. El Gobierno reconoce ya abiertamente que no presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2026 antes de que acabe este año, ... como llegó a asegurar Pedro Sánchez hace apenas un mes. Es más, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó hoy hacia mediados de febrero como la fecha más factible para dar ese paso, lo que significa que las Cuentas de 2023 volverán a ser prorrogadas por tercera vez. De nuevo, el presidente gana tiempo.
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El Ejecutivo es consciente de que sacar adelante su principal proyecto legislativo es prácticamente imposible. Junts, que anunció la ruptura total de relaciones con el PSOE a finales del mes pasado, está dispuesto a aprobar determinadas leyes que se ajusten a sus criterios políticos o que ya hubiera pactado previamente pero ha dejado claro que su apoyo a los Presupuestos queda fuera del paquete. Y lo mismo que ocurre con la senda de déficit que este martes aprobó el Consejo de Ministros, el paso previo a elaboración de las Cuentas.
Aun así, el Gobierno no termina de perder la esperanza en un cambio de posición de los de Puigdemont, que a raíz de la decisión del Abogado General del Estado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía, ve más próximo su regreso. Y Montero dejó entrever que si atisba una «ventana de oportunidad» para, aunque ya hayan sido rechazados, volver a presentar los Presupuestos lo hará. Entre otras cosas, porque Sánchez -en una posición inédita en la democracia española- se mantiene en su intención de seguir gobernando pase lo que pase y no adelantar las generales.
La presentación de las Cuentas tendrá, en cierto modo, repercusión en el ciclo electoral que se abre este 21 de diciembre con los comicios en Extremadura, seguirá en marzo con las elecciones de Castilla y León y continuará con las andaluzas a finales de la primavera. Y, consciente de ello, el Ejecutivo prepara unos números con los que poder sacar pecho. Montero ya presumió hoy de que «llevarán el ADN del Gobierno progresista». «Serán unos Presupuestos expansivos y responsables -dijo-. Seguirán reforzando el Estado de bienestar y abordando problemas como el de la vivienda, pero sin dejar de ser acordes a las reglas fiscales».
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Cifra récord
La ministra, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, insistió en que su objetivo es «consolidar lo conseguido» en términos de redistribución de la riqueza y «afrontar nuevos retos». Y remarcó que para ello el Gobierno dispondrá de un techo de gasto récord que, incorporados, ya por último ejercicio, los fondos europeos alcanzará los 216.177 millones de euros, un 8,5% que en el año anterior. Pero también aprovechó para cargar contra las autonomías del PP por haber votado en contra de la senda de estabilidad que les planteó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera este lunes.
Esa senda, que marca un déficit del 1,8% para la Administración General y un 0,1% para las autonomías, salió adelante en ese órgano de cooperación interterritorial gracias a que al Ejecutivo le bastaba con el apoyo de una comunidad autónoma y tuvo el de dos (las socialistas Cataluña y Castilla-La Mancha), pero sin la aprobación del Congreso, no llegará a entrar en vigor. Y ya tiene, de antemano el rechazo de Junts y del PP. Pero la vicepresidenta argumentó que los grandes perjudicados de ese rechazo son los propios territorios porque el Ejecutivo podrá seguir presentando Presupuestos y ellos estarán obligados al equilibrio presupuestario (déficit 0%) que aparece en el último plan remitido a Bruselas. «Los gobiernos autonómicos -advirtió desde la Moncloa- perderán esta décima de margen que ofrece la senda del Gobierno, 5.480 millones de euros en el periodo 2026- 2028».
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Es cierto que la capacidad de gasto de los territorios está en todo caso limitada también por la regla de gasto, que prohíbe gastar por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo. Canarias -con un presidente de Coalición Canaria y un vicepresidente del PP- optó, de hecho, por la abstención en el CPFF porque sostiene que su aplicación hace que la senda le resulte indiferente. Y algo parecido esgrimieron algunos de los consejeros populares para votar en contra. Montero, sin embargo, los acusó de negarse voluntariamente a incrementar el derecho a la salud o invertir en becas.
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