Marlaska asegura a las víctimas que no habrá un acercamiento en bloque de presos de ETA

Marlaska se reunió durante casi dos horas con la AVT en Madrid, con la política penitenciaria en la agenda. Máxime después de que a principios de enero, el secretario para la Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, anunciara que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu iba a presentar a Moncloa un plan para acercar a 210 reclusos de la banda a las tres cárceles de Euskadi (Zaballa, Basauri y Martutene), así como a las que se ubican en Pamplona, El Dueso (Cantabria), Logroño y Burgos. La propuesta recoge un cambio de paradigma. Defiende que el reconocimiento del daño causado no sea una exigencia previa para un traslado, sino que se trabaje una vez hayan sido acercados a Euskadi.

La iniciativa no tardó en suscitar las críticas de las principales asociaciones de víctimas -entre ellas, la propia AVT-, mientras que el PSE, socio del PNV, se desmarcó del mismo. Marlaska, que aseguró ayer no haber recibido oficialmente la propuesta del Ejecutivo vasco, desechó la idea de un traslado en bloque y reiteró que se seguirá haciendo un tratamiento individualizado de cada interno, en el que se tendrá en cuenta su evolución personal, se exigirá una condena explícita de la violencia y la asunción de la legalidad penitenciaria. Desde la AVT se volvió a reclamar a Interior que se requiera a los presos la colaboración con la Justicia.

Respecto a la cesión de la competencia de Prisiones a Euskadi, el ministro del Interior manifestó que, en cualquier caso, lo que se cederá será la gestión de las cárceles que se encuentran en el País Vasco y que los presos que se hallan en el resto de la geografía española continuarán dependiendo del Gobierno central.

A la reunión asistieron, además del ministro, la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoechea, y la directora de Víctimas del Gobierno central, Montserrat Torija. Por parte de la AVT acudieron su presidenta, Maite Araluce; Miguel Folguera, miembro del consejo, y la abogada del colectivo, Carmen Ladrón de Guevara.

Además de la política penitenciaria, el encuentro sirvió también para retomar el debate sobre la reforma de la ley estatal de víctimas del terrorismo de 2011, una modificación que ambas partes han reconocido estancada. Uno de los cambios más ambiciosos es la eliminación del plazo para que una persona sea reconocida como víctima y pueda acceder a las ayudas. Hasta ahora, la normativa establece un máximo de un año para presentar la solicitud desde que se produce el atentado o, en el caso de los heridos, desde que se recibe el alta. El objetivo sería abrir los plazos con carácter retroactivo desde 1960. Pero primero deberá pasar por el filtro de Hacienda. Y ahí reside la clave. Deberá hacerse un cálculo estimativo de lo que podrían suponer las futuras indemnizaciones. Y las cuantías se prevén elevadas.

En la AVT consideran, y así lo dejaron saber, que la cuestión económica no puede frenar una reforma de la normativa más ambiciosa, en la que también se apuesta por reformular cuestiones más técnicas y otras de calado como, por ejemplo, la posibilidad de incluir sanciones económicas a los ayuntamientos que permitan la celebración de 'ongi etorris' a terroristas. Ambas partes acordaron la creación de una mesa de trabajo entre la Subsecretaría de Interior y la propia asociación de víctimas.

También quisieron desde la AVT poner sobre la mesa «los problemas de funcionamiento», dijeron, de la Fundación Víctimas del Terrorismo, cuya presidencia ostenta desde 2012 Mari Mar Blanco. No es la primera vez que la actividad de esta entidad se pone en entredicho. Otros colectivos, como Covite, ya criticaron en su día la «incompatibilidad», a su entender, de mantener a Blanco en el puesto dado su papel como cargo institucional del PP -es asesora de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid-. Tras el cese de la directora de Víctimas, Sonia Ramos, está por ver si el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos opta también por relevar a Mari Mar Blanco como presidenta de la FVT.