Manos Limpias denuncia a Gallardo por cohecho y fraude procesal en la causa al hermano de Sánchez

La organización que encabeza Miguel Bernad, que se ampara en los artículos 419 y 250.1.7 del Código Penal, no ahorra adjetivos para un movimiento que el dirigente socialista ha justificado para confrontar directamente en la Cámara con la presidenta de la comunidad, la popular María Guardiola, y que los denunciantes tildan de «maniobra torticera» perpetrada «de manera grosera, incuestionable, burda e indecente». Todo con un objetivo, apuntan en su escrito ante el TSJ y con el que argumentan su acusación de fraude procesal: que lo único que pretende Gallardo es cuestionar el principio constitucional del «juez natural predeterminado por la ley» en la confianza de que si se sienta en el banquillo de un tribunal superior, esta circunstancia podría serle más favorable.

El aforamiento, concebido como un derecho para evitar persecuciones políticas, disfrazadas de imputaciones judiciales, contra los numerosos cargos que pueden disfrutar del mismo según la legislación española, no constituye en sí mismo un privilegio. Pero sí un blindaje que permite al encausado someterse a la investigación y en su caso el enjuiciamiento -lo que se ha procurado Gallardo en este caso- de una instancia por encima de los juzgados ordinarios. En lo que ha adquirido todas las trazas de una carrera contra el reloj, el líder del PSOE extremeño anunció hace diez días su propósito de dotarse de la condición de parlamentario una vez que la jueza Beatriz Biedma ya lo había procesado -a él y a David Sánchez- por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

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El jueves, la instructora optó directamente por abrir juicio oral sin aguardar (se escudó en la jurisprudencia del Supremo que avala poder hacerlo) a que la Audiencia de Badajoz resuelva los recursos contra el procesamiento. La víspera, Gallardo se había hecho con la credencial de diputado regional, lo que, a la espera de que tome posesión del escaño, le habría concedido 'de facto' el fuero perseguido. Para ello, tuvo que renunciar a su acta como parlamentaria Mari Cruz Rodríguez y hacer lo propio con sus opciones los cuatro suplentes que antecedían en la plancha electoral al secretario general de su partido. El plan pasaba por resituar a Rodríguez de subdelegada del Gobierno en la comunidad. Pero la negativa del jefe de la institución y afín a Sánchez, José Luis Quintana, a esa colocación ha acabado derivando, por añadidura, en tensiones entre los socialistas extremeños.

Y es aquí donde Manos Limpias cree que Gallardo, además de «abuso del derecho, fraude de ley y fraude procesal», pudo incurrir también en un presunto delito de cohecho, que alcanzaría a los otro cuatro militantes que han dejado correr la lista para que su líder se asiente en la Asamblea de Mérida, y con Mari Cruz Rodríguez como «cooperadora necesaria». En el relato de los hechos que pone en conocimiento del Tribunal Superior, el pseudosindicato apunta al dirigente socialista por «ponerse de acuerdo con la diputada de su mismo partido para que renuncie al escaño prometiéndole el cargo de subdelegada del Gobierno», todo «en menos de 48 horas» y -reiteran los denunciantes- de una manera grosera, burda e indecente«. Denunciantes que añaden que a fecha de hoy »no se sabe que dádiva ha podido ofrecer« Gallardo »a esos cuatro candidatos« que le han dejado paso para poder aforarse.