Una legislatura marcada por el fin de la pandemia, Ucrania y la conflictividad

Urkullu inició su mandato tras haber ganado con comodidad las elecciones del 12 de julio de 2020. De salida contaba con diez escaños de ventaja sobre el principal partido de la oposición –EH Bildu– y había cerrado un acuerdo de Gobierno con el PSE que le garantizaba tranquilidad. Pero aquella fotografía tomada el 5 de septiembre bajo el Árbol de Gernika con la boca tapada por una mascarilla avanzaba el inusual escenario que le iba a tocar gestionar.

La pandemia disparó el gasto para evitar que se rompiesen las costuras sociales, llevó al límite a Osakidetza, ofreció imágenes de miles de personas haciendo cola para vacunarse y obligó al Gobierno a tomar medidas restrictivas que terminaron por crispar a parte de la ciudadanía y que, en algunos casos, fueron tumbadas por los tribunales de justicia.

Aquella crisis sanitaria dio fama a organismos desconocidos –elahora ya olvidado LABI, por ejemplo– y sentó las bases, según reconoce el propio Gobierno, de un malestar social que se ha extendido durante estos últimos cuatro años. El problema para Urkullu, compartido con el resto de mandatarios a lo largo mundo, es que cuando el covid empezaba a ser historia y las previsiones apuntaban a una estabilización social y económica, Rusia invadió Ucrania.

Sánchez y los sindicatos

A los factores externos se ha unido un notable incremento de la conflictividad social. Un dato lo refleja: Euskadi copa la mitad de las huelgas que se convocan en toda España. Aunque Urkullu ha hecho algo de autocrítica, en realidad achaca esa crispación a una especie de estrategia diseñada por EH Bildu con el apoyo de los sindicatos. Una tesis que los aludidos rechazan de forma tajante. Si la relación entre Urkullu y ELA siempre ha sido distante, en su tercera legislatura la brecha se ha hecho sideral.

Los conflictos, además, han tocado puntos muy sensibles. Las huelgas y las protestas han llegado a Osakidetza, Educación y la Ertzaintza, tres de los principales pilares del autogobierno. El Servicio Vasco de Salud ha afrontado su mayor test de esfuerzo de las últimas cuatro décadas y ha demostrado que sus cimientos no eran tan sólidos como parecía. Su credibilidad ha quedado tocada, y no solo por la presión a la que le sometió la pandemia. Cargos médicos han llegado a concentrarse frente a los hospitales para denunciar una deficiente organización. Nadie duda de que el futuro de Osakidetza será uno de los ejes de la próxima campaña. A las protestas en el ámbito sanitario se han unido la de los ertzainas, las huelgas en el ámbito educativo...

Urkullu echa mano de los datos económicos para demostrar que, a pesar de los problemas, la situación invita a un relativo optimismo. La tasa de paro despidió enero en el 6,3%, la más baja de España y la menor en quince años. La recaudación de las haciendas vascas alcanzó en 2023 una cifra récord de 18.213 millones...

El lehendakari, eso sí, dejará Ajuria Enea doce años después sin haber cumplido uno de los principales objetivos: la culminación del actual Estatuto de Gernika. El proceso de transferencias parecía haberse encarrilado al final de la anterior legislatura, pero la pandemia lo ralentizó. Es probable que uno de los últimos actos de Urkullu como lehendakari sea aprobar el traspaso de tres nuevas competencias: Cercanías, inmigración y homologación de títulos extranjeros. Será el final de un mandato que también se ha caracterizado por la falta de sintonía con Pedro Sánchez, escenificado en un envió poco productivo de cartas a la Moncloa.