La Audiencia Nacional desvela que la red parapolicial de Villarejo llegó hasta Hacienda

El excomisario Villarejo. /Efe
El excomisario Villarejo. / Efe

El juez de la 'operación Tándem' investiga a un funcionario jubilado de la Agencia Tributaria, al comisario García Castaño y a otros tres inspectores en la pieza 'Iron' sobre servicios de espionaje a un despacho de patentes

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de la 'operación Tándem' o 'caso Villarejo', ha citado a declarar como investigado por un delito de revelación de secretos a un funcionario jubilado de la Agencia Tributaria sospechoso de haber facilitado información privada al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

Los trabajos la red parapolicial servían para satisfacer el encargo de unos clientes, los socios de un bufete de abogados Herrero y Asociados, investigados en la pieza separada 'Iron', para que investigase a unos socios que se habían pasado a la competencia -crearon la sociedad limitada Balder Ip Law- porque sospechaban que les habían robado una base de datos con el objetivo de acceder a sus clientes.

Villarejo, a través de su empresa CENYT, facilitó a los responsables de Herreros y Asociados -hay cuatro investigados- informes que obran en la causa y que conforme explica la diligencia del juez, «contenían datos personales» de los abogados a los que estaba investigando y a los que accedió con sus colaboradores y «sin justificación alguna que les diese cobertura, a datos tributarios y movimientos bancarios de la empresa Balder Ip Law».

Para el juez García Castellón, ha quedado «acreditada la existencia de sólidos indicios de que fue el funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria» al que cita a declarar, Antonio Chaparro, «suministró la información tributaria» de ese despacho de abogados correspondiente al ejercicio 2013, pues el formulario con los datos fue encontrado «en poder de la red delictiva de José Manuel Villarejo» durante los registros en noviembre de 2017. Le imputa delitos de revelación de información reservada, secretos y/o revelación de información y/o cohecho.

Además del funcionario jubilado, los investigadores tienen indicios del uso de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt. Por eso, se acordó consultar las bases policiales para averiguar si algún funcionario de la Dirección General de la Policía había consultado información sobre los abogados de Balder IP antes de que Villarejo emitiese su informe en octubre de 2013.

Se descubrió entonces que dos inspectores jefe de la Policía accedieron «a datos contenidos en el informe Iron» sin que existiese investigación alguna que justificase su interés. Se trata de Antonio Bonilla, a quien cita a declarar el viernes por delitos de revelación de secretos y delito de cohecho, y Antonio Serrano, imputado por revelación de secretos. Éste último, «si bien no se encuentra directamente implicado en los accesos no autorizados anteriormente referidos, si lo está en el asalto a los servicios informáticos del empresa Balder».

Asimismo, el juez instructor tiene indicios de que su socio y también comisario Enrique García Castaño, que llegó a ser jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, está implicado en el operativo 'Iron' y le imputa revelación de secretos y cohecho. Otros dos agentes, el inspector jefe jubilado Juan José Díez y el también inspector jefe Manuel Novoa, les investiga además por los mismos delitos.

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