Imperativo democrático
Salvo que Mariano Rajoy lo impida por la vía de hecho, anunciando la dimisión como presidente de Gobierno, la moción de censura será hoy aprobada en el Congreso y el candidato Sánchez será investido nuevo presidente. Las formaciones políticas que han anticipado el voto favorable no han llegado a tal decisión por coincidencias y acuerdos trenzados con el candidato socialista sobre las líneas maestras programáticas. El voto a favor no se ha expresado por la confianza y la credibilidad que les ofrece Sánchez, sino que es un voto de censura radical al presidente Rajoy y al PP. De ahí que el modelo de moción de censura constructiva que prevé la Constitución solo se va a cumplir en su aspecto formal porque la mayoría absoluta que exige la norma constitucional no se va a lograr por la confianza expresa en el candidato y en su programa, sino por la censura al actual presidente.
¿Qué es lo que ha hecho que Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu hayan dejado a un lado sus insuperables vetos para votar a favor de Sánchez, venciendo la resistencia interna basada en la inercia partidista? ¿Cuál es la razón por la que estas formaciones se hayan visto forzadas a favorecer la candidatura del PSOE? La respuesta es bien sencilla. Esa fuerza de coacción democrática está en la sociedad, en la ciudadanía, en lo que conocemos como opinión pública, que tras conocerse la sentencia del 'caso Gürtel' se ha extendido como si fuera un mandato imperativo a las formaciones políticas para que éstas pongan fin al Gobierno de Rajoy por su vinculación con los casos de corrupción.
Esta percepción del hartazgo social y del 'hasta aquí hemos llegado', ha actuado como auténtica 'vis coactiva' sobre las formaciones políticas, que han interiorizado la exigencia de la censura de Rajoy como un imperativo democrático y ético. Si no se hubiera dictado la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Gürtel', la moción de censura no habría existido. Es más, aun habiéndose dictado, si la misma no hubiese recogido los pronunciamientos que se realizan sobre la falta de credibilidad del testimonio de Rajoy, la existencia de la 'caja B' para la financiación irregular del partido y la constancia de que se había tejido una red de corrupción institucional con el entramado de Francisco Correa, no se habría producido el terremoto político del jueves 24 y cuya consecuencia inevitable era bien la dimisión del presidente o bien su cese por aprobación de una moción de censura.
La sentencia de la AN, aunque revisable por el Supremo, ha dejado ante la opinión pública unos hechos probados que desde el punto de vista democrático y ético son demoledores para el PP, pues le inhabilitan, políticamente hablando, para cumplir la función que el artículo 6 de la Constitución asigna a los partidos políticos, de ahí que era y es imprescindible el reconocimiento del daño producido al sistema democrático como condición sine qua non para su rehabilitación política, con dimisión incluida o, en su defecto, la obligación impuesta a las formaciones políticas, por imperativo democrático, de sacar adelante la moción de censura.
Todos los que han anunciado su voto favorable han estado a la altura de esta exigencia, aunque es cierto que no todos asumían los mismos riesgos ni todos tenían igual responsabilidad. La decisión del PNV, además de decisiva, era arriesgada, pues podía y puede quedar en el aire la aplicación de los acuerdos presupuestarios. Al final, como dijo su portavoz, Aitor Esteban, ha pesado esa razón derivada de la exigencia ética, que en un sistema como el nuestro constituye un imperativo democrático.
