Hallan irregularidades en la adjudicación a Servinabar del túnel de Belate

A todo ello, el informe añade el hecho recogido en sus conclusiones por la Cámara de Comptos de que el presidente de esta mesa de contratación, Jesús Polo, entonces director de servicio en el departamento de Cohesión Territorial del Gobierno, diera su valoración de los criterios cualitativos de las ofertas presentadas conociendo antes la de otros miembros de este órgano colegiado.

Tras todo ello, el informe destaca que hay una infracción «esencial» de la normativa sobre cómo deben tomar sus decisiones los órganos colegiados, lo que «supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por tanto, de la propuesta de adjudicación».

El criterio de adjudicación de estas obras fue el de mejor relación calidad-precio. Se presentaron siete licitadores y se adjudicaron los trabajos en 76 millones con IVA, con una baja del 20%. El Gobierno autorizó en julio la modificación del presupuesto, incrementándolo en 8,5 millones más.

La presidenta María Chivite pidió a la Oficina que dirige Edurne Eginoa que investigara esa contratación. Luego solicitó una copia el presidente del Parlamento, Unai Hualde, para entregarla a la comisión de investigación que se ha constituido en la Cámara sobre el caso Cerdán.

El trabajo ha partido de las conclusiones que alcanzó la Cámara de Comptos y se ha limitado a analizar la actuación de la mesa de contratación como órgano colegiado y la existencia o no de un conflicto de interés, es decir, si ha podido influir un interés particular o no, en la valoración de las ofertas. Aquí no llega a una conclusión y recalca que no puede saber si existió.

Anticorrupción sostiene que «el mero intercambio de correos, sin ninguna otra formalidad en la adopción de los acuerdos, vulneró las reglas esenciales del procedimiento establecido por las normas» para la formación de la voluntad del órgano colegiado «como voluntad distinta e independiente de la de sus miembros» y ello conllevaría «la nulidad de pleno derecho de lo actuado».

Cómo se adoptaron las decisiones, unido al hecho de que el presidente de la mesa de contratación diera su valoración conociendo la de otros miembros de la citada mesa supone, para la Oficina Anticorrupción, «la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y por tanto de la propuesta de adjudicación». Deja, en todo caso, a la comisión de investigación del Parlamento foral su valoración sobre si hubo un conflicto de interés.

Eso sí, la Oficina Anticorrupción aconseja «una profunda reflexión sobre el funcionamiento de las mesas de contratación como órgano colegiado independiente». En concreto, recomienda al Gobierno foral modificar la ley de contratos públicos.

Mientras tanto, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna (PSN), tildó de «irregularidades» de tipo «administrativo» lo detectado por la Oficina de Buenas Prácticas. «Al final esto son valoraciones habla de unos elementos determinados cuando la Cámara de Comptos ya analizó jurídicamente y no detectó ningún tipo de responsabilidades contables».