El Gobierno vasco recuerda a Casado que Rajoy ya dio luz verde al traslado de presos

El traslado a Basauri esta misma semana de dos reclusos disidentes, Olga Sanz y Javier Moreno, hasta la fecha internados en Asturias ha certificado que la política penitenciaria puede convertirse en uno de los temas más destacados en la confrontación política. Tanto el PP como Ciudadanos han considerado que el gesto realizado por el Ejecutivo central es una «contraprestación» al PNV por su apoyo a la moción de censura de Rajoy.

Los colectivos de víctimas, sin embargo, sostienen que es absolutamente legal y no han ocultado cierto malestar con los populares. Aunque también han advertido de que estarán «vigilantes» por si los socialistas se saltan las 'líneas rojas' impuestas por las asociaciones de víctimas, han recordado que el tercer grado a Olga Sanz, condición indispensable para ser movida de Asturias a Basauri, se le concedió en febrero, bajo el mandato de Mariano Rajoy y Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior.

Y ese mismo argumento, con matices, fue el que mantuvo ayer el Gobierno vasco, que hasta la fecha había apostado por un perfil más o menos discreto. Solo el portavoz, Josu Erkoreka, había mostrado su apoyo a la decisión de La Moncloa. Pero ayer el Ejecutivo fue un paso más allá. Y quien lo dio fue el propio lehendakari. Lo hizo a través de un texto colgado en su página de Facebook, en el que de manera rotunda rechazó la dispersión de los miembros de ETA.

Bajo el título 'Alejamiento, legalidad, resocialización', Urkullu subrayó que la «defensa del alejamiento de las personas presas es ajena a la legalidad y al principio humanitario que debe fundamentar la política penitenciaria». «La pena que deba cumplir una persona condenada por un delito la establece el juez en la sentencia» y, añadió el jefe del Ejecutivo autónomo, «ninguna establece como parte del castigo que el preso deba cumplir su condena lejos de su entorno social o familiar».

De forma contundente, y en lo que supone un distanciamiento claro de la política defendida por el presidente del PP, Pablo Casado, el lehendakari recalcó que «normalizar y defender el alejamiento es defender un castigo añadido y arbitrario». Urkullu apeló a la Constitución y a la obligación de intentar la reinserción de los presos, y aseguró que los familiares de los internados tienen derecho a «visitar a su familiar preso en unas condiciones razonables desde un punto de vista humanitario».

A todos estos argumentos añadió una petición: la de «sacar» el debate de la «pugna partidaria y demagógica y llevarlo al terreno de los principios y de la legalidad». Urkullu no dirigió sus críticas de manera directa hacia ninguna formación. Pero quien sí lo hizo fue Jonan Fernández. En una entrevista en Rne, el secretario de Convivencia del Gobierno vasco se refirió de forma expresa al acercamiento de Sanz y Moreno y aludió a la concesión a ella del tercer grado el pasado mes de febrero.

Fernández calificó el traslado como «un proceso lógico» que se inició con el Gobierno de Rajoy. Dos personas que, a su juicio, «habrían terminado siendo trasladadas a Basauri o Zaballa, casi con toda seguridad, tanto por un Gobierno liderado por los socialistas como por uno de los populares», resaltó.

Fernández recalcó que todo lo que tiene que ver con la política penitenciaria es una materia «compleja», pero consideró que «no es fácilmente comprensible» la postura del PP. Reconoció que los populares «deberían ser una pieza muy importante en esta fase» y que por ello es clave que el partido liderado por Casado «gire en esta materia y no utilice como pólvora partidista esta cuestión».