El Gobierno vasco pedirá a Sánchez acercar a todos los presos sin que deban renegar de ETA

La situación de los presos de ETA se va a convertir en una de las primeras reivindicaciones del Gobierno vasco a Pedro Sánchez. Ya ocurrió cuando el líder socialista llegó a la presidencia por primera vez hace dos años, aunque en este caso Lakua reclama un cambio radical en la política penitenciaria. El Gabinete Urkullu quiere que los 210 reclusos de la banda que cumplen condena en cárceles españolas sean trasladados a las prisiones de Euskadi y su entorno más próximo -Basauri, Zaballa, Martutene, Pamplona, El Dueso (Cantabria), Burgos y Logroño- sin la necesidad de que previamente reconozcan el daño causado. Hasta la fecha, la autocrítica es un requisito indispensable para que los etarras sean acercados.

La propuesta está siendo elaborada desde hace un mes por la Secretaría de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno que dirige Jonan Fernández, tiene el visto bueno del lehendakari y será entregada al nuevo Ejecutivo central durante las próximas semanas. Se trata de una «actualización» del 'plan de presos' que Lakua redactó a comienzos de legislatura y que ha remitido a los sucesivos inquilinos de La Moncloa. Aquel informe reclamaba que, tras el desarme y la desaparición de ETA, los reclusos quedaran internados a, como mucho, 250 kilómetros del País Vasco. Mariano Rajoy hizo caso omiso mientras que Pedro Sánchez ha procedido a acercar a una treintena de reos en el año y medio que ha durado su primer mandato. La inmensa mayoría habían marcado antes distancias con su pasado.

El goteo de acercamientos no es suficiente para el Ejecutivo vasco, que más allá de reclamar el fin de la dispersión -una reivindicación habitual durante los últimos años y que incluso ha fijado como «prioritaria» en la legislatura que está a punto de concluir- va a exigir ahora un cambio de paradigma en el proceso de reinserción de los presos de ETA. Primero el traslado, luego la autocrítica. «La ley (penitenciaria) establece requisitos para acceder a beneficios y a la progresión de grados, pero no para el acercamiento», defendió ayer Jonan Fernández en sendas entrevistas concedidas a ETB-1 y la Cadena Ser. El nuevo plan también acota más el ámbito geográfico de los acercamientos, ya que ninguna de las cárceles propuestas está a más de un centenar de kilómetros del territorio vasco. Laua considera que los 210 etarras «caben» en las siete prisiones señaladas.

Para Fernández, el traslado «no es un premio para el preso», sino para sus familias. También aseguró que la reflexión crítica sobre su pasado seguirá requiriéndose a los reclusos, y que el acercamiento «favorece ese proceso mientras que se ha demostrado que el alejamiento, no». El secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno vasco desveló sus planes apenas cuatro días después de que la plataforma de apoyo a los reclusos, Sare, y la izquierda abertzale reunieran el pasado sábado en las calles de Bilbao a 65.000 personas para reclamar al nuevo Ejecutivo de Sánchez el fin de la dispersión. Tampoco debe olvidarse que la precampaña vasca está a punto de empezar, y que mejorar la situación de los presos es una baza por la que van a pugnar PNV y EH Bildu.

El anuncio sobre los reclusos generó ayer sorpresa en el seno del PSE, socio del PNV en el Gobierno vasco. El partido de Idoia Mendia no emitió comunicado alguno sobre el asunto, pero fuentes socialistas aseguraron que la actualización del 'plan de presos' «no ha sido consensuada» y que su alcance va más allá de los objetivos marcados por ambas formaciones en su programa, que pasa por reclamar el acercamiento de los etarras que expresen arrepentimiento previo . En todo caso, en el seno del PSE auguran que la petición de Fernández «no va a condicionar de ninguna manera» la política penitenciaria que desarrolle Sánchez en esta legislatura.

Consultados al respecto, portavoces del Ministerio del Interior evitaron analizar ayer la propuesta del Gabinete Urkullu sobre el acercamiento de los presos de ETA. Silencio hasta que el documento llegue a La Moncloa de forma oficial. Aunque Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu se reunirán durante las próximas semanas en Madrid para cumplir con el protocolo posterior a la investidura, fuentes de Lehendakaritza aseguraron que lo más probable es que sea Jonan Fernández quien remita la propuesta directamente al ministro Fernando Grande Marlaska.

Las críticas le llegaron al Gobierno autonómico desde el PP vasco, que acusó al Gabinete Urkullu de convertirse en «intermediario de EH Bildu» ante Sánchez al pedir el acercamiento. Los populares exigieron «responsabilidad» al presidente del Gobierno, que no «ceda» para «contentar a Bildu» y que no «ofenda» a las víctimas del terrorismo.