El Gobierno vasco dice que el fallo sobre la ley de abusos policiales es un avance para la convivencia

El Gobierno vasco considera que la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se ha desestimado el recurso interpuesto por Ciudadanos contra la denominada ley de abusos policiales confirma que el Ejecutivo autónomo está «legitimado» para reconocer y reparar a víctimas «de vulneraciones de derechos humanos de motivación política», además de constituir un «punto de inflexión» desde el plano ético para avanzar hacia la convivencia. En el fallo, los magistrados sostienen que el texto legal no invade competencias judiciales y que la comisión de damnificados que dependen de ella no investiga delitos, tal y como denuncia el partido naranja.

La ley siempre ha estado rodeada de polémica. Cubre los casos de supuestas torturas y malos tratos acaecidos entre 1978 y 1999 y sus críticos siempre han considerado que ponía en entredicho las sentencias judiciales y que podía acabar convirtiéndose en un tribunal paralelo. Se ponía el foco en la comisión encargada de analizar los casos, compuesta por historiadores y juristas. El Gobierno vasco siempre ha defendido su legalidad y ha recalcado que lo único que busca es resarcir moral y económicamente a los afectados por este tipo de violencia.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha asegurado hoy que la resolución judicial es «una muy buena noticia» para las víctimas y ha añadido que su contenido «no deja lugar a dudas» y despeja el camino para el desarrollo sin trabas de la ley. En su opinión, el fallo del alto tribunal tiene una doble vertiente, «una desde el punto de vista jurídico, su significación práctica y normativa, y otra desde el punto de vista ético, su proyección para el futuro y la convivencia».

Para Fernández, la sentencia supone «un punto de inflexión y una oportunidad para compartir que toda víctima de una vulneración grave de los derechos humanos tiene el derecho a ser reparada y reconocida de manera individualizada, sin hacer distinciones, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones y sin exclusiones». Es además una oportunidad «para compartir que todas las vulneraciones de derechos humanos, todo asesinato, requiere una memoria crítica, clara y honesta», lo que, ha subrayado, «implica necesariamente, el reconocimiento de su injusticia, lo haya causado quien lo haya causado, sin excepciones, sin compensaciones y sin teorías justificatorias o exculpatorias de ningún tipo».