El Gobierno vasco desdeña la polémica sobre la 'ley Celaá' por «oportunista»

La nueva ley educativa ha causado una importante brecha política y social que se visualizó incluso en su aprobación por la mínima, con un solo voto más de los necesarios. Colectivos de la enseñanza concertada denuncian que el marco general impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez constituye un «ataque» a la libertad de elección de centro por parte de los padres. Con el apoyo de los partidos de la derecha, también claman contra la desaparición del castellano como lengua vehicular, una circunstancia que la oposición achaca a los pactos de PSOE y Unidas Podemos con fuerzas nacionalistas e independentistas para sacar adelante su proyecto.

En el País Vasco, en cambio, toda esta tormenta no ha llegado a arreciar. Ni Kristau Eskola ni ikastolas ni cooperativas independientes se han puesto en pie de guerra, ni tampoco el Gobierno de Iñigo Urkullu -cuyos dos partidos votaron a favor de la ley- ha apreciado riesgo alguno. Es más, se congratula de que los términos de la norma permitan un amplio margen de maniobra de cara a su aplicación efectiva. Bildarratz apuntó que la prohibición de cobrar cuotas por actividades de enseñanza está recogida por ley ya desde 1985 y que la libertad de elección por parte de los padres se recoge tal cual en la nueva norma.

El consejero de Educación, en todo caso, se lamentó por dos circunstancias. La primera, por el hecho de que sea la octava ley orgánica en cuarenta años. Es por eso que contrapuso su intención de aprobar una norma vasca que aporte «mayor estabilidad» al sistema educativo. Y la segunda razón por la que se mostró apenado es porque el debate de estas semanas no se haya centrado en otros aspectos como «la calidad educativa o la formación del profesorado».

Bildarratz hizo estas declaraciones al término del Consejo de Gobierno, que ayer aprobó dedicar una partida de 36,6 millones de euros para que los colegios de la red concertada hagan frente a los gastos extraordinarios que ha generado la pandemia. Este montante se dedicará a cuatro aspectos: contratación de docentes, sustituciones por bajas, gastos de limpieza y material informático para la digitalización de la enseñanza. Para adjudicar la contratación de los profesores de refuerzo se ha tenido en cuenta el número de aulas y alumnos de cada centro y su complejidad. Con el fin de determinar esa vulnerabilidad de los colegios se ha medido el nivel socioeconómico de los alumnos, su necesidad de apoyo educativo, los resultados del aprendizaje o el origen de los escolares.

Bildarratz explicó que estas ayudas tienen como fin que los centros puedan hacer frente a los gastos que provoca aplicar los protocolos de seguridad -compra de materiales de protección, refuerzo a la limpieza, entre otras cuestiones- y «poder mantener la enseñanza presencial». El titular de Educación argumentó que las necesidades de un alumno de la red concertada ante la Covid «son las mismas» que la que tiene un escolar de la escuela pública. Entre las dos redes, Educación ha destinado un total de 105,2 millones de euros para gastos extraordinarios, de los que el 65,12% ha ido a parar a la escuela pública y el 34,88%, a los centros concertados. El reparto entre ambos sectores se ha hecho teniendo en cuenta criterios de la «vulnerabilidad» y la necesidad de apoyo de cada colegio.

Respecto a los centros privados que segregan a sus alumnos por sexo, y que la nueva ley prohibe sufragarlos con dinero público, el consejero eludió poner plazos y no confirmó si la medida tendrá efecto ya en el próximo curso. Dependerá, según dijo, de la ratificación de la norma, que acaba de ser remitida al Senado y debe ser devuelta después al Congreso. En cualquier caso, Bildarratz aseguró que el Gobierno vasco cumplirá con lo que diga el documento y añadió que hay que seguir dando pasos para una «verdadera igualdad» entre alumnos con independencia de su sexo.