El Gobierno vasco activa la comisión para reconocer víctimas de abusos policiales
El órgano se reunirá en las próximas semanas para comenzar a analizar los más de 300 casos ya presentados
Aunque sobre la ley de abusos policiales pesan recursos de PP y Ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno vasco pisa el acelerador para desplegarla ... definitivamente. El Gabinete de Iñigo Urkullu ha aprobado este martes el decreto para aplicar la normativa, lo que supone definir el cometido de la comisión que valorará cada solicitud y, en su caso, propondrá su declaración como víctima a través de un informe motivado. El órgano se podrá reunir por primera vez en las próximas semanas para comenzar a analizar las más de 300 solicitudes que se han presentado hasta la fecha.
En una comparecencia ante los medios tras el Consejo de Gobierno, el secretario general de Convivencia y Derechos Humanos, Jonan Fernández, ha asegurado contrar con «toda la seguridad jurídica» para desarrollar la ley, habida cuenta del acuerdo entre los gobiernos vasco y central. También ha recordado que los recursos presentados por PP y Ciudadanos no son suspensivos, por lo que no hay barreras legales o administrativas para poner en marcha la maquinaria.
El decreto clasifica tres tipos de víctimas: fallecidas, con lesiones permanentes que hayan derivado en incapacidad y las que no hayan tenido carácter invalidante. El procedimiento se activa en el momento en que se presenta la solicitud. Los casos referentes al periodo entre 1960 y 1978 tienen un plazo extraordinario que se acaba el 16 de abril de este año. Hasta ahora, se han recabado algo más de un centenar de expedientes. Para los de 1979-1999, en cambio, el límite se sitúa el 26 de septiembre de 2021 y ya han llegado más de 200 casos.
Los miembros de la comisión de valoración se encargarán de analizar cada uno de esos casos después de haber firmado un compromiso de confidencialidad. Los integrantes, que cobrarán 300 euros por cada reunión si no forman parte de la administración pública, realizarán «las actuaciones que estime oportunas» durante una primera fase de instrucción. Será el momento de pedir datos, informes médicos, denuncias, diligencias policiales o autopsias. Una vez recogida toda esa información, se podrán realizar entrevistas a los solicitantes y a quien pueda aportar datos relevantes.
Entrevistas e informes
Esas entrevistas, eso sí, deberán llevarse a cabo mediante un guion elaborado por el Gobierno vasco. Podrán ser grabadas con el necesario consentimiento de los entrevistados, se transcribirá su testimonio y se levantará un acta que servirá para los informes. Primero el técnico, elaborado por los peritos, y después otro motivado por la comisión en su integridad. En ese documento final se desarrollarán las conclusiones y el acuerdo; es decir, la inadmisión de la solicitud o la declaración de víctima.
En sus explicaciones, y ante la polémica que siempre ha rodeado a esta ley, Fernández ha querido enfatizar en todo momento que la comisión no debe entrar en colisión con la labor de la Justicia: «Se garantiza que en ningún caso se produzca una inversión de la función jurisdiccional». De hecho, ha apuntado que si se conoce la existencia de expedientes judiciales o administrativos, se suspenderá automáticamente el procedimiento hasta que la situación se clarifique.
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