La Fiscalía niega haber dado directrices para exonerar a exjefes de ETA en el 'caso Blanco'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió ayer un inusual y contundente comunicado en el que niega tajantemente haber dado «directrices» -«y menos de carácter político»- para no imputar a varios exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, al entender que el delito habría prescrito. El fiscal jefe, Jesús Alonso, subrayó que el Ministerio Público «solo se rige por criterios legales y jurisprudenciales».

La tormenta se desató el pasado jueves. Los exdirigentes de ETA Mikel Albisu, 'Mikel Antza' y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', comparecieron ante el juez que lleva el caso, Manuel García Castellón, para testificar por el asesinato del joven edil de Ermua. Ambos se negaron a declarar. Pero la polémica surgió porque no se presentó el fiscal que ha llevado el caso, Vicente González Mota. En su lugar acudió Pedro Rubira que, por un lado, no pidió medidas cautelares contra los acusados; y, por otro, apuntó a la posible prescripción de los delitos investigados. También se mostró a favor de la reapertura del caso por cuanto las víctimas «tienen derecho a conocer la verdad».

González Mota, según desveló 'El Mundo', no acudió al juicio al no estar de acuerdo con una directriz que le hizo llegar Alonso, el fiscal jefe, según la cual los hechos habrían prescrito. Esa directriz llegó, además, después de que Alonso elevara una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que aún dirige el futuro fiscal general, Álvaro García Ortiz, que va a sustituir a Dolores Delgado.

El hecho de que acudiera Rubira en sustitución del fiscal González Mota hizo pensar que podría haberse producido un giro en la posición del Ministerio Fiscal tendente a estimar la prescripción de los delitos para la antigua cúpula etarra, si bien Alonso aseguró ayer en la nota de prensa que «los criterios de actuación siguen siendo los mismos que existían al momento de la reapertura».

La clave del embrollo, que aún no se ha aclarado, es determinar a partir de cuándo empieza a correr el tiempo para que el delito prescriba. En el caso del asesinato de Blanco, tienen que pasar 20 años. Hay dos interpretaciones. La primera considera que el tiempo empieza a contar cuando el delito se comete, que es lo que defendió Rubira el jueves. La segunda, cuando los sospechosos son detenidos.

A Blanco lo mataron en 1997 pero 'Antza' y 'Anboto' fueron arrestados en 2004, por lo que aplicando el primer criterio ambos estarían libres de responsabilidad criminal y aplicando el segundo, no. Sí se ha apreciado de oficio la prescripción respecto a un tercer exlíder de ETA, 'Iñaki de Rentería', aunque esta decisión está recurrida. En todo caso, la Fiscalía explicó ayer que «la prescripción, que se ha de declarar en el momento procesal oportuno, no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones abiertas en los distintos juzgados de la Audiencia Nacional».

De decantarse el juez por aceptar la doctrina expuesta por Rubira, podría suceder que quede sin efecto el criterio jurídico al que se agarran las víctimas y que ha dado pie al juez para imputar a los tres exdirigentes de ETA. Un procedimiento que consiste, básicamente, en que la responsabilidad penal no se extingue para 430 asesinatos terroristas cometidos en España o contra ciudadanos españoles entre 1990 y 2010.

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