Fiscalía y defensas sopesan pedir aplazar el juicio a De Miguel si no cierran un pacto

Alfredo de Miguel, en la Audiencia Provincial de Álava. /IGOR AIZPURU
Alfredo de Miguel, en la Audiencia Provincial de Álava. / IGOR AIZPURU

La negociación contempla que el ex 'número dos' del PNV en Álava reconozca que pidió 'mordidas' desde su despacho a cambio de una condena menor que no le lleve a la cárcel

ANTONIO SANTOS

Fiscalía de Álava y defensas de los principales acusados en el 'caso De Miguel' apuran las negociaciones antes de que el lunes se retome el juicio a las nueve de la mañana. Las partes sopesan ya la posibilidad de tener que pedir un aplazamiento para que no se celebre la vista oral y poder mantener abiertas unas conversaciones «muy delicadas», según explicaron a este periódico fuentes judiciales. La decisión final está, en todo caso, en manos del tribunal presidido por el magistrado Jaime Tapia, quien será finalmente quien deba conceder o no esa prórroga para que unos y otros continúen hablando.

La tensión ha ido en aumento en las últimas horas, una vez que este periódico dio a conocer ayer unos contactos que se habían desarrollado en las últimas semanas de forma muy discreta. Según ha podido confirmar EL CORREO, el fiscal jefe, Josu Izagirre, ha mantenido varios contactos con Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo de Miguel, quien fuera 'número dos' del PNV en Álava y diputado foral. El letrado de la firma Cuatrecasas, despacho con fuertes lazos con la formación nacionalista, ha sido quien ha llevado la voz cantante en la estrategia de defensa tanto de su cliente como de los principales procesados. El resto de abogados ha optado por mantener una línea argumental similar para no caer en contradicciones y provocar un perjuicio a los imputados.

Las conversaciones, de las que habrían tenido conocimiento tanto el resto de las defensas como el presidente del tribunal, según las fuentes consultadas, han girado en torno a un mismo principio: que los acusados reconozcan en el estrado del palacio de justicia vitoriano que pidieron comisiones ilegales para la realización de trabajos. Los principales acusados estarían dispuestos a aceptar el trato a cambio de que las condenas no les supongan entrar en la cárcel o tengan que hacerlo por un muy corto plazo de tiempo.

Mucha tensión

Es en este contexto donde la fecha del lunes aparece marcada en rojo. Si las partes no logran cerrar un acuerdo durante este fin de semana y quieren proseguir con las conversaciones para ir acercando posiciones, tendrán que pedir un aplazamiento de la vista oral. Porque en el orden del día del juicio, es Alfredo de Miguel el primero de los 26 acusados que tendrá que prestar declaración ante el tribunal. Si el que fuera diputado foral de Administración Territorial hasta su detención en 2010 mantuviera el discurso que su defensa ha desplegado hasta ahora –la investigación está llena de irregularidades y todas las acusaciones son falsas, ha dicho–, no habría ya margen para una condena negociada. Porque reconocer después algún tipo de actuación delictiva podría abrirle nuevas causas en su contra. De ahí que sea necesario pedir un aplazamiento, y que el tribunal lo concediera, hasta que las conversaciones lleguen a buen puerto o se rompan de forma definitiva.

La declaración de De Miguel, en caso de alcanzarse un pacto y admitir que cobraron 'mordidas', condicionaría al resto de los imputados, que también deberían variar su estrategia. De ahí que no solo Susaeta, sino el resto de abogados de la defensa hayan estado al tanto de unos contactos que se han intensificado en los últimos días. Como ayer avanzaba este periódico, la idea original era cerrar el pacto durante el fin de semana para comunicar el lunes al tribunal que el caso estaba cerrado. Ayer, sin embargo, la sensación general en el palacio de justicia alavés era que todo se podía alargar algunos días más.

El 'caso De Miguel', cuyo juicio arrancó en enero, sienta en el banquillo de los acusados a 26 personas, la mayoría cargos vinculados con el PNV alavés. Se trata de la mayor investigación contra la corrupción desarrollada en Euskadi. El proceso se remonta al 17 de marzo de 2010, cuando De Miguel fue detenido por la Ertzaintza. El juez instructor, Roberto Ramos, le consideraba el cabecilla de una trama creada para cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones. La Fiscalía pide ahora 54 años de cárcel para él por 27 delitos diferentes, aunque fuentes judiciales aseguran que, como máximo, se le podrían imponer diez años reales. En la causa también está acusada su mujer, Ainhoa Bilbao, señalada como testaferro de una de las empresas pantalla y para la que la acusación reclama otros 30 años.

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