Euskadi se prepara para 'congelar' las elecciones

En cierta medida, fue la misma sensación que cualquier ciudadano de a pie habrá experimentado al darse cuenta de la brusca sacudida vital que la obligación social de frenar la expansión del coronavirus supondrá en su día a día. «Con o sin estado de alarma, la situación es la misma. Jurídicamente, el aplazamiento de las elecciones sigue teniendo muchas lagunas. Pero mentalmente es verdad que todo el mundo está más cerca», admiten en el entorno del lehendakari Iñigo Urkullu en vísperas de que, mañana mismo, se reúna con los líderes de las principales fuerzas vascas -están convocados a las diez de la mañana en Lehendakaritza- para tratar de buscar una salida consensuada al entuerto político y jurídico que ahora mismo es el 5-A.

La sensación general entre los partidos vascos es que, bajo la presión de medidas drásticas como el cierre de comercios y locales de hostelería y el confinamiento de poblaciones enteras, tiene poco o ningún sentido mantener el proceso electoral en marcha y que deberán meterse, de alguna manera, en el 'congelador' hasta que la epidemia esté controlada.

Salvo Arnaldo Otegi, que se ha arrogado un inusual protagonismo político desde que arreció la crisis, con frecuentes comparecencias y a través de Twitter -lo que, el mismo viernes, derivó en una agria enganchada con Andoni Ortuzar mientras los ciudadanos asistían atónitos a la interrupción de su ritmo de vida-, el resto de líderes políticos y candidatos han preferido no mojarse demasiado.

Hay miedo a pasarse de frenada, al desgaste político y a que la clásica desafección hacia los políticos aumente si los ciudadanos detectan comportamientos «ventajistas» en plena crisis. «Tenemos que ser prudentes. Con el estado de alarma ya declarado, hay base para construir un relato que justifique el aplazamiento electoral. Pero lo lógico es esperar al lunes», corrobora un dirigente de la oposición.

La gran pregunta, y uno de los muchos dolores de cabeza con los que tiene que lidiar el lehendakari, es cómo se detiene una bola que ya ha echado a rodar y que nunca antes nadie ha osado intentar parar. Tras los atentados del 11-M en marzo de 2004 corrió el rumor de que el Gobierno de Aznar había tratado de que el Rey firmara un decreto para suspender las elecciones convocadas tres días después, pero el propio expresidente lo desmintió meses más tarde.

La sola posibilidad de desconvocar unos comicios con toda la maquinaria democrática ya en marcha provoca en cualquier gobernante un lógico «vértigo» que también Urkullu ha sentido estos días, según corroboran distintas fuentes consultadas. «Las elecciones están totemizadas, son sagradas en democracia, pero celebrarlas en este momento choca con la lógica social», apunta uno de los numerosos expertos y voces autorizadas a las que han consultado en estos días frenéticos tanto el jefe del Ejecutivo de Vitoria como el presidente de la Junta Electoral vasca y del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra.

De hecho, hasta hace muy poco, la opción preferida por ambos y por los partidos que sustentan el Gobierno vasco -PNV y PSE- pasaba por mirarse en el espejo de Francia, que celebra elecciones municipales este fin de semana, y la región italiana de Umbria, que las organizó hace unos días. En Galicia, la otra comunidad donde hay convocadas unas autonómicas el 5-A, Alberto Núñez Feijóo presiona para dejarlas en suspenso, pero en Euskadi se achacaba a las estrecheces del candidato popular para mantener la mayoría absoluta. Las medidas especiales que deberían servir para minimizar el riesgo de contagio en una jornada que, en circunstancias normales, puede movilizar al 70% del censo (casi 1,8 millones de electores) estaban ya incluso habladas. Distancia de seguridad de metro y medio entre componentes de las mesas, guantes profilácticos, mayor presencia de la Ertzaintza para evitar aglomeraciones y garantizar el acceso ordenado a los colegios...

Pero la evolución diaria de la pandemia ha sepultado cualquier previsión. No obstante, pese a que la realidad empuja al aplazamiento, los reparos jurídicos a improvisar una solución que no cuenta con una percha legal clara y que ni siquiera pone de acuerdo a los expertos constitucionalistas ni a los poderes públicos competentes siguen siendo enormes. El lehendakari, a quien, como convocante, muchos juristas señalan también como responsable de postergar la cita, tiene importantes dudas sobre la viabilidad legal de la fórmula que se elija.

La cuestión es si los comicios se anulan, se convocan en otra fecha o se aplazan hasta que las condiciones de seguridad, normalidad democrática y salud pública se hayan restablecido. Sin poner plazos. Esta última es la más lógica porque nadie sabe cuándo se habrá controlado la pandemia. Además, permitiría mantener vigente el «acto jurídico» de la actual convocatoria, con lo que se mantendría el mismo censo y los miembros de mesas ya designados por sorteo. Sería como 'teletransportar' las elecciones a una fecha a medio plazo por determinar. Y podría hacerse mediante un decreto del Consejo de Gobierno refrendado por la Diputación Permanente del Parlamento que contase con el aval previo de todos los grupos y en contacto permanente con la autoridad electoral.

El problema, y a lo que más teme el lehendakari Urkullu, es que ese decreto, que las previsiones constitucionales del estado de alarma no amparan expresamente, estaría expuesto a posibles recursos que podrían complicar enormemente la situación. Los partidos opinan que nadie se atreverá a impugnar una decisión tomada en circunstancias tan extremas. Otro de sus miedos es que la legitimidad democrática de su Gobierno quede comprometida si la legislatura decae, a mediados de octubre, y los comicios no han podido aún celebrarse. La madeja empezará a desenredarse mañana.