Euskadi ya advirtió hace un año de fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores

Las pulseras son unos dispositivos emisores que se colocan normalmente en el tobillo de hombres inmersos en un proceso judicial por violencia de género. La víctima, que tiene que ser considerada de alto riesgo, lleva a su vez una aplicación receptora en el móvil, que avisa cuando la otra persona está a menos de 500 metros. En tal caso, también alerta a la Ertzaintza, que acude al lugar para verificar la situación. Según los datos aportados por el Departamento de Seguridad a este periódico, en Euskadi hay actualmente 162 personas cubiertas por este sistema.

La herramienta de control telemático depende del Ministerio de Igualdad dentro de su programa Cometa. La gestión, en todo caso, corre a cargo de una subcontrata privada. En marzo de 2024 se adjudicó a dos empresas, Vodafone y Securitas, por 45 millones de euros para un periodo de tres años. Y a partir de ahí comenzaron los fallos. La migración de los datos –antes la responsable era Telefónica– impidió a los juzgados conocer la ubicación de maltratadores que hubieran podido quebrantar la orden de alejamiento antes del cambio de compañía, lo que provocó el sobreseimiento temporal de casos y fallos absolutorios.

Ésa ha sido la consecuencia más grave de los errores, pero es que hubo más incidencias, como falsas alarmas, fallos en la batería, dificultades de comunicación con la Ertzaintza... En junio de 2024, cuando apenas habían pasado tres meses desde la puesta en marcha del nuevo contrato, la presidenta de la Audiencia de Bizkaia, Reyes Goenaga, preguntó por el funcionamiento de estas pulseras en la Comisión Provincial de la Violencia sobre la Mujer de este mismo territorio. Su preocupación respondía a que había tenido conocimiento de que en otras comunidades autónomas ya se estaban produciendo disfunciones.

Tal y como desveló EL CORREO, la respuesta de jueces, fiscales y Ertzaintza en esa reunión fue contundente. Una magistrada reconoció que «a veces no se acuerda este tipo de medida» porque «la pulsera se dispara todo el tiempo y es prácticamente inmanejable». También advirtió de que «en ocasiones se producen fallos técnicos» y criticó la demora que se desencadenaba cuando había que instalar uno de estos dispositivos porque «el técnico tarda al ser el que cubre toda la zona norte» de España.

Las críticas acerca del sistema siguieron en esa reunión por parte del responsable de la Ertzaintza. «Es cierto que se ha multiplicado últimamente el volumen de incidencias», admitió el mando policial. Otra jueza, que ejerce en Barakaldo, tomó la palabra en ese momento y expresó igualmente que estaba habiendo «problemas de comunicación» con la Policía autonómica.

Por parte de la Fiscalía, Ane Otegui, encargada de la sección de Violencia sobre la Mujer, defendió la utilidad de las pulseras telemáticas porque resultan «efectivas». Sin embargo, mostró su malestar porque «últimamente está habiendo más incidencias» y se preguntó si ese incremento de errores tenía que ver precisamente con el cambio en la empresa que las gestiona. «Hay fallos de detección y cuando se oficia expresamente para preguntar por esa incidencia, indican que ha sido un error», lamentaba la magistrada.

A la comisión se le informó de que el Ministerio de Igualdad y las empresas responsables estaban tratando de reducir los fallos y que esperaban mejorar el funcionamiento «en breve». Un año después, la memoria de la Fiscalía General del Estado constataba oficialmente la existencia de los errores.