Enrocados en la corrupción

La inacción de los partidos ante la acumulación de escándalos daña la credibilidad de las instituciones

Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', Pablo Crespo y Francisco Correa, durante el juicio de la trama Gürtel. /EFE
Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', Pablo Crespo y Francisco Correa, durante el juicio de la trama Gürtel. / EFE
EL CORREO

A la corrupción le cuesta abandonar el primer plano de la política nacional. No tanto porque hayan surgido escándalos recientes como porque la incorregible lentitud de la Justicia retrasa hasta el extremo la resolución de casos destapados hace largos años, pero que que todavía colean. La coincidencia en el tiempo de procesos, declaraciones ante los tribunales o sentencias sobre sumarios con un interminable recorrido a sus espaldas alimenta la imagen de un país enrocado en las cloacas de su pasado. El hecho de que esos escándalos salpiquen a los principales partidos con responsabilidades de gobierno no supone alivio alguno. Más bien lo contrario. El contundente fallo del 'caso Palau' ha dejado al desnudo las desvergüenzas de la financiación ilegal de la extinta Convergencia Democrática. El faro del nacionalismo catalán durante décadas creó un «entramado delictivo» en el que utilizó el Palau de la Música como tapadera y ventanilla de cobro de las 'mordidas' por la concesión de obras públicas. Pasqual Maragall se quedó corto al denunciar el 3%: en realidad era el 4%. Con el agravante de que detrás se encuentran quienes han repetido hasta la náusea el soniquete de «España nos roba». Esta sentencia se ha conocido mientras el PP asiste impávido al último episodio de Gürtel: su financiación ilegal en la Comunidad Valenciana. Las últimas revelaciones ante el tribunal han puesto en evidencia a un partido incapaz de entonar un sincero mea culpa por su intolerable convivencia con la corrupción. Ese bochornoso espectáculo se produce mientras dos expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- están sentados en el banquillo por el 'caso ERE', una supuesta trama clientelar que devoró más de 800 millones de dinero público. También coincide con el juicio por el 'caso De Miguel', el presunto cobro de 'mordidas' por parte de destacados militantes del PNV desde despachos oficiales, que confirma que Euskadi tampoco es un oasis en materia de corrupción. Comportamientos como los denunciados en estos sumarios y la impunidad con la que actuaron sus supuestos autores corroen la confianza en las instituciones. Por ello urge acabar de una vez con las sucias corruptelas que los partidos han instigado, consentido o ante las que han mirado hacia otro lado. Y dotar a la Justicia de los medios necesarios para investigar a fondo y con mayor celeridad tramas tan complejas. La ciudadanía exige hechos para acabar de una vez con esta lacra que tanto daña la calidad de la democracia. La palabrería ya no basta.

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