Un empresario catalán asegura que la 'trama De Miguel' saqueó su compañía

La intervención de este empresario cerró una maratoniana sesión -nueve horas- del juicio por el 'caso de Miguel' que desde enero sienta en el banquillo a 26 personas, entre las que destacan varios antiguos altos cargos y militantes nacionalistas investigados por su participación en una supuesta red corrupta tejida para conceder contratos a dedo y cobrar comisiones a cambio. La ramificación de Zambrana de esta causa aborda el intento de recalificación de 120 hectáreas de terreno en esta pequeña localidad alavesa para construir un área industrial entre el río Ebro, la AP-68 y la N-124. En esta operación fueron 'fichados' varios empresarios catalanes para aportar capital al proyecto. Cuatro de ellos se encuentran hoy encausados por movimientos de dinero entre sus firmas y sociedades de otros imputados en el proceso.

El empresario participó en la inversión de Zambrana como «socio minoritario», con 500.000 euros, desde 2007. Relató cómo, de repente, la empresa quebró. «Un día nos llama Construcciones Riera y nos dice que van a presentar concurso de acreedores»,dijo ante el tribunal a preguntas de la Fiscalía. A partir de ese momento se desplazó cerca de media docena de veces a Euskadi para conocer la situación del proyecto. En 2009 se reunió con Alfredo de Miguel porque «Francesc -uno de los inversores ahora imputados- me dijo que era el que mandaba». «Salí satisfecho. Era una persona que conocía muy bien el proyecto y que le parecía deseable» que se llevara a cabo, afirmó.

Guerrero, que se convertiría en el nuevo administrador de la compañía hasta noviembre de 2011, se encargó de revisar la documentación de la empresa. «Nos encontramos una situación tenebrosa», aseguró. En esos papeles, sostuvo ayer, observó «cruces de pagos de lo más curiosos» y «engaños sucesivos» que habrían derivado en la salida de más de 1,5 millones de euros hacia la 'trama De Miguel'. «Se pagaron cosas que no se hicieron», recalcó el empresario. Como ejemplos puso el trabajo de asesoramiento encargado a una fundación catalana (más de 400.000 euros) que era «una birria con cuatro dibujitos» o las gestiones de dos filiales de Riera con los propietarios de las fincas donde se iba a levantar el polígono industrial (1,5 millones abonados «un día antes de que la suspensión de pagos») que en realidad habría realizado Ipar Kutxa.

En la misma sesión testificó la exsecretaria del Ayuntamiento de Zambrana, que contó cómo un día se encontró en su mesa dos cheques por un total de 278.000 euros. Según su testimonio ayer, cuando preguntó de quién eran Josu Arruti, hombre de confianza del PNV y ahora imputado en esta causa, le contestó que correspondían a «una cuestión» entre él y el constructor navarro Martín Balda. Este promotor defendió la semana pasada que ingresó directamente ese dinero en el Consistorio para «arreglar calles».